Este martes, a partir de las 9, el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez Barbella, llevará adelante nuevamente la reconstrucción del hecho, suspendida el martes último a raíz de una presentación de la defensa de los tres policías acusados del homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
Mientras espera realizar esa diligencia, el Ministerio Público analiza otras medidas para avanzar en posibles nuevas imputaciones a efectivos que acudieron al lugar y presuntamente colaboraron para fraguar la escena del hecho y encubrir el accionar de los autores.
Una de ellas es la apertura de ocho teléfonos celulares secuestrados en poder de los seis detenidos con el fin de analizar las llamadas, mensajes de texto y de Whatsapp desde el 17 de noviembre, cuando se produjo el ataque a los adolescentes, en adelante.
Los dispositivos fueron enviados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, para que se realice una copia a ser analizada por sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés).
El fiscal ordenó puntualmente transcribir todas las comunicaciones telefónicas en las que se mencionen datos o información sobre el episodio investigado y cualquier conducta tendiente a lograr su ocultamiento. Asimismo pidió obtener todos los registros de comunicaciones, su ubicación temporal exacta, y los datos de la agenda, abarcando todo otro archivo, foto, audio o documento que contengan.
Los teléfonos pertenecen a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al principal Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos detenidos como acusados de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento agravado, amenazas y odio racial», agregaron los informantes.
