El convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para habilitar la construcción de edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca, fue incluido en el temario de la sesión que se realizará este jueves en la Legislatura porteña, pero puede que se postergue debido a que existe una causa judicial en curso iniciada por organizaciones que se oponen al proyecto inmobiliario.
En la reunión de labor parlamentaria realizada este miércoles por la tarde en la Legislatura porteña, el convenio para cambiar las normas urbanísticas del predio de la Costanera Sur quedó incluido en el temario, con un debate con discursos de 15 minutos por bloque; sin embargo, fuentes legislativas indicaron que la votación podría ser postergada, ya que hay una orden judicial vigente de «suspender precautelarmente el trámite».
Está en duda si el oficialismo porteño, representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ), logrará esta semana la primera votación para el convenio entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el grupo IRSA, el cual busca modificar las normas urbanísticas del predio, que tiene 71 hectáreas y está ubicado frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.
Los terrenos sobre los cuales gira el conflicto fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fueron donadas al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.
Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, el proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local, la cual ordena que se deben «preservar e incrementar» los espacios verdes en la ribera porteña, debido a su importancia para la calidad del medioambiente.
