El golpe que significó para el gobierno el ocultamiento de información a la Justicia puso a la alianza oficialista en una inédita crisis interna, pero también generó un sacudón al sistema político en general.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el sábado que aceptó la renuncia de un ministro y otros funcionarios de su gobierno por el caso relacionado con un pasaporte emitido a un presunto narcotraficante buscado internacionalmente. El golpe que significó para el gobierno el ocultamiento de información a la Justicia puso a la alianza oficialista en una inédita crisis interna, pero también generó un sacudón al sistema político en general.
Tras la renuncia de Francisco Bustillo como titular de la Cancillería, Lacalle Pou dio en la noche del sábado una conferencia de prensa para decir que aceptaba la renuncia del ministro y subsecretario de Interior, Luis Heber y Guillermo Maciel, y el del asesor presidencial Roberto Lafluf, pedidas durante la semana por el opositor Frente Amplio. Heber, Maciel y Lafluf dejarán sus cargos a partir del lunes, explicó el mandatario.
El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció el miércoles pasado a su cargo, horas después de que se difundieran audios de una llamada realizada en noviembre del 2022, que mantuvo con la exvicecanciller Carolina Ache, en los que le sugería que «pierda» el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. En los chats también describió a Marset como «un narco muy peligroso y pesado», según informó el medio uruguayo El Observador.
Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que no estaban en su celular.
El senador Guillermo Domenech, del partido derechista Cabildo Abierto, socio de la coalición de gobierno, consideró «obvio que si las explicaciones no convencen» habrá que «estudiar qué hacer», pero adelantó que la fuerza «está dispuesta a tomar medidas graves». «El juicio político requiere dos tercios del Parlamento. No es fácil obtener esa mayoría, pero el país, y no ya el sistema político, se merece explicaciones sobre lo que ha sucedido», juzgó Domenech.
Antes del regreso del caso Marset —por el que el año pasado Heber y Bustillo debieron ir al Senado, donde defendieron la entrega del pasaporte a Marset y rechazaron eventuales irregularidades y fue destituido un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil— el oficialismo se quedó sin uno de sus hombres claves en el Senado: Gustavo Penadés fue separado de la banca por las denuncias sobre el pago de favores sexuales a menores.
