La querella de la causa en la que se investigan supuestas presiones sobre los dueños del Grupo Indalo recusó a los camaristas federales Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, a los que acusó de haber cometido actos de una “enorme arbitrariedad e ilegalidad” al imponer límites a los entrecruzamientos de llamadas que había ordenado la jueza María Romilda Servini, que instruye la causa.
El abogado Carlos Beraldi, en representación del empresario querellante Fabián De Sousa, acusó a los jueces del tribunal de apelaciones de haber resuelto una queja planteada por algunos de los imputados solo un día después de haber convocado a una audiencia para la semana que viene por un incidente similar, lo que habría dejado al Ministerio Público Fiscal y a la querella sin oportunidad de opinar sobre el tema.
“Irurzun y Bruglia inclinaron la balanza en favor del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de las demás personas aquí sindicadas como sus cómplices, partícipes y encubridores, vedando nuestra participación en el proceso e impidiendo que se investiguen tramos ejecutivos decisivos de la organización delictiva que todos ellos conformaron desde las más altas esferas del Estado nacional”, sostuvo Beraldi en el contenido de la recusación.
La Cámara Federal porteña le había ordenado ayer a la jueza Servini que «limite los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes», al expedirse sobre una queja presentada por las defensas del expresidente Mauricio Macri, su exjefe de asesores José Torello y el abogado Fabián Rodríguez Simón.
Beraldi también citó en su presentación una nota del portal de Internet El Cohete a la Luna en el que se hace referencia a un supuesto vínculo entre Rodríguez Simón e Irurzun, algo que podría afectar el desempeño del magistrado en el expediente.
En esta causa se investiga una organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, el expresidente Mauricio Macri-, quienes se valieron del poder estatal y de los recursos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos delictivos en contra de las empresas del “Grupo Indalo”, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación.
