La fiscal requirió investigar al piloto iraní que llegó en el avión venezolano

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, requirió investigar al piloto iraní que llegó en el avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, bajo la sospecha de que puede estar vinculado con actividades asociadas al terrorismo internacional, informaron fuentes judiciales.

En un dictamen presentado ante el juez federal Federico Villena, la fiscal resaltó la necesidad de proseguir la investigación «respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», informaron a Télam fuentes judiciales.

Los investigadores creen que el arribo del avión de Emtrasur con una tripulación compuesta de 14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes pudo haber sido en realidad «un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización», según pudo saber Télam.

Los tripulantes de aquel vuelo se encuentran en la Argentina con prohibición de salir del país: sus pasaportes se encuentran retenidos por la justicia federal.

La investigación, señalaron las fuentes consultadas, apunta a determinar las irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó a bordo del avión Boeing 747 de la compañía Emtrasur con matrícula venezolana YV3531, y, a partir de ello dilucidar, si ese vuelo tuvo otros objetivos que no fuera el declarado, de transportar autopartes para la firma Volkswagen.

El avión llegó a la Argentina el 6 de junio a las 15.30, a la Terminal de Cargas TCA del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, y desde su arribo al país quedó envuelto en una serie de controversias: no logró conseguir combustible en este país como para regresar a Caracas y Uruguay le prohibió el acceso a su espacio aéreo cuando intentó hacerlo en Montevideo.

El mismo 6 de junio pasadas las 18, según indicaron a esta agencia fuentes vinculadas a la investigación, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió una comunicación por parte de un delegado de ese organismo en Paraguay hacía referencias a la aeronave que horas antes había aterrizado en Buenos Aires.

La causa comenzó a tomar forma pocos días mas tarde cuando la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, reclamó que se investigue a la tripulación del avión por posibles vínculos con el terrorismo internacional y pidió ser tenida por querellante.

«Atento las características del hecho que se investiga y siendo mi representada no solo una entidad que representa a la comunidad judía argentina sino además víctima directa del atentado a las sedes de la AMIA- DAIA, entiendo que se encuentra debidamente legitimada para ser parte en esta acción», decía aquella presentación.

Entre las primeras medidas de prueba, el juez Villena y la fiscal Incardona le habían pedido al FBI y otras agencias y organismos extranjeros que informaran sobre investigaciones que pudieran haberse llevado a cabo sobre los 19 tripulantes del avión que aterrizó en Argentina.

«De todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Gholamreza Ghasemi es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto», informaron las fuentes consultadas.

La investigación apunta a que el principal sospechoso es Ghasemi Gholamreza, pero que la pesquisa debería avanzar sobre toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga

La firma Qeshm Fars Air «fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a Qods Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas», detallaron.

La empresa de aviación Mahan Air -que era la propietaria del avión que luego pasó a Emtrasur- fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico y transportar armas y personal para Hezbollah, según surge de la información proporcionada por el FBI.

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