Con la presencia del Director provincial de Defensa del Consumidor, Luciano Blanco y los especialistas en derechos del consumidor Adrian Ganino, Samanta Lagrutta y Cristian Luisi, el diputado Gómez Parodi encabezó la presentación en la Legislatura provincial de un proyecto de ley que busca aliviar la situación de un número cada vez mayor de familias bonaerenses que, ante la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, tienen dificultades para afrontar el pago de compromisos adquiridos.
El proyecto de ley presentado por Juan Miguel Gómez Parodi propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, situación para la cual crea un procedimiento administrativo especifico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos. Se considera que un consumidor está sobreendeudado cuando, por diferentes motivos, se ven imposibilitados de hacer frente a compromisos contraídos en el marco de una relación de consumo.
En este sentido, Gómez Parodi destacó la importancia de avanzar en la protección y ampliación de derechos de las familias bonaerenses, haciendo hincapié esta vez en el caso de aquellas que, por circunstancias imprevistas o que van más allá de su voluntad en tanto consumidores, estuvieran atravesando una situación de sobreendeudamiento: “La propuesta es modificar la Ley de Defensa del Consumidor para incorporar la protección a los consumidores frente al fenómeno del sobreendeudamiento. Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos, y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”.
El director provincial de Defensa del Consumidor, Luciano Blanco, destacó la importancia del proyecto y explicó que va en línea con las políticas que viene llevando adelante el Ejecutivo, destacando que la ley provincial de Defensa del consumidor fue la primera en incorporar modificaciones para proteger a los “consumidores hipervulnerables”, y la primera en defender a los consumidores en el marco de la ley de Promoción de la alimentación saludable, conocida popularmente como de etiquetado frontal.
A su tiempo, Adrián Ganino, ex Director Nacional de Defensa del Consumidor, explicó que la necesidad de legislar en la materia surge, además de la crítica situación económica y los problemas devenidos de la alta tasa de inflación, del estímulo permanente al endeudamiento al que la población está sometida a través de los medios de comunicación. En este sentido, destacó que la posibilidad de una familia de organizar su economía con cierto grado de previsibilidad, resulta fundamental para proteger aspectos como la salud psicofísica de la familia.
En este sentido, destacó que el proyecto hace especial hincapié en la mediación entre las partes, señalando que las oficinas municipales de Defensa del Consumidor cuando desarrollan una política activa, tienen una tasa de solución de conflictos que ronda el 90 por ciento de los casos.
Samanta Lagrutta, ex Directora de la OMIC San Martin señaló que las consultas y denuncias relacionadas con situaciones de sobreendeudamiento “fueron la vedette de los últimos años, porque a la situación de deterioro del salario que se vive en nuestro país, se suma la oferta constante de acceso al crédito, que muchas veces son otorgados de manera irresponsable por parte de las entidades financieras. El resultado de esto es que muchas veces las familias se endeudan para comprar comida y otras muchas toman un crédito para cancelar otro que perciben como menos favorable”. En el mismo sentido, especificó que el trato digno a los consumidores implica la correcta información acerca de las condiciones del crédito ofrecido y que el interés del acreedor por cobrar la deuda no puede justificar el hostigamiento al deudor.
“En primer lugar quiero señalar que este proyecto no es para que los deudores no paguen, como seguramente van a salir a decir sus detractores –manifestó Cristian Luisi, Juez árbitro institucional de consumo-; es un proyecto para proteger a las familias que quieren pagar sus compromisos pero que no lo pueden hacer en las condiciones pactadas inicialmente”.
En este sentido, destacó como aspectos fundamentales del proyecto la suspensión de plazos judiciales mientras dure el reclamo administrativo, la exigencia de lealtad comercial por parte de los oferentes de crédito, la educación financiera para los consumidores de modo que conozcan lo más cabalmente posible las consecuencias de adquirir un crédito e incumplir con los pagos acordados; y, finalmente, destacó el rol protagónico que se otorga en el proyecto a las Oficinas municipales de Información al Consumidor, señalando que la tasa de resolución de conflictos en la provincia ronda el 70 por ciento y que la política impulsada por el Ejecutivo, con los montos asignados recientemente a las multas a empresas infractoras, incrementará seguramente la cantidad de acuerdos logrados por los consumidores.
La problemática de sobreendeudamiento viene siendo abordada por diferentes organismos y asociaciones de consumidores, tanto de nuestro país, como del resto de los países de la región, al punto que en recientes reuniones del Mercosur se emitieron una serie de resoluciones con recomendaciones para abordar el problema desde los diferentes ejecutivos.
En nuestro país y particularmente en la provincia de Buenos Aires, las y los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en el marco de una relación de consumo, a la protección de su salud y seguridad y a la promoción y defensa de sus intereses económicos. A su vez, el acreedor está obligado a proveer información adecuada y veraz sobre las implicancias de la operación. Las autoridades, por su parte, deben brindar a la población educación para el consumo y establecer procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos, a la vez que promover la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores.
En ese marco, el proyecto de ley prevé que aquellos ciudadanos que consideren que se encuentran sobreendeudados puedan presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes. En caso de acreditarse tal condición, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo, estableciendo el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo. Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.
Con la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia administrativa pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.
Para finalizar, el diputado Gómez Parodi, puntualizó: “El sobreendeudamiento es una problemática social y económica que expone a los consumidores a una situación de vulnerabilidad, por lo que resulta imprescindible que el Estado intervenga para favorecer el saneamiento de su situación económica, resguardando los intereses de los acreedores sí pero, por sobre todas la cosas, para devolverles a esas familias la posibilidad de ordenar y planificar su economía, y de saber que su esfuerzo y su compromiso van a ser acompañados por la Provincia para que puedan volver a mirar hacia el futuro con la confianza y la autoestima que son imprescindibles para perseguir sus sueños”.
