La seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) rechazó hoy el protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para regresar a «la presencialidad» en el nivel inicial de las escuelas del distrito, por considerarlo «inaplicable», y aseguró que fue elaborado en forma «inconsulta y unilateral».
«Otra vez el Ejecutivo porteño adoptó decisiones inconsultas y unilaterales y, en esta ocasión, arriesga a la primera infancia. La cartera educativa difundió un protocolo para la apertura de instituciones de nivel inicial y habilitó la revinculación de los menores de salas de cinco años», denunció un comunicado.
El gremio ratificó su deseo de regresar a «la presencialidad», aunque afirmó que «no están dadas las condiciones sanitarias ni epidemiológicas», y evaluó necesario construir con todos los actores del sector «un protocolo seguro que garantice la salud».
«En el nivel inicial la situación es aún peor por su naturaleza. El protocolo parece redactado por funcionarios que desconocen del todo el funcionamiento de una escuela infantil o de una sala de cinco años, en las que el cuidado y respeto de la distancia de dos metros es realmente imposible de sostener», indicó el gremio.
Un documento del Sadop firmado por los secretarios general y de Comunicación y Prensa, Alejandra López y Javier Mauad, sostuvo que ese instrumento oficial descansa sobre «un posibilismo absoluto, en especial en el sostenimiento de la distancia entre estudiantes y docentes y en el uso del tapaboca».
«Los niveles de autonomía de los niños de cinco años son muy heterogéneos para que puedan ponerse y sacarse el tapaboca. ¿Por quién serán asistidos y cómo se sostiene la distancia de dos metros?», se preguntó el sindicato, quien también exigió «la incorporación progresiva del nivel inicial a la enseñanza oficial».
Para el Sadop, el Gobierno porteño acelera los tiempos para mostrar en «los medios que volvieron las escuelas infantiles, pero nunca se apuró para asistir a esas instituciones, que atraviesan una gran crisis financiera que arriesga los puestos de trabajo».
Los gremialistas denunciaron «apuro y marketing político» y afirmaron que ello «le gana a las políticas públicas de cuidado de la salud de la comunidad educativa y de los vecinos en general».
También aseguraron que muchas escuelas de nivel inicial ya cerraron sus puertas de forma definitiva ante «la ausencia de programas reales y efectivos para sostener los empleos».
