Con más precauciones, paciencia y negociaciones que en su primera intención, el Gobierno finalmente llegó a un principio de acuerdo con la oposición dialoguista para firmar dictamen en la Cámara de Diputados sobre el nuevo proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal
Luego de arduas jornadas de debates, el oficialismo accedió a realizar cambios al capítulo laboral y convocará a la Comisión de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para las 12 de este jueves, con el objetivo de firmar el dictamen de la nueva ley de Bases. Posteriormente, a las 16 se hará lo propio con el paquete fiscal.
El nuevo borrador contiene la propuesta de modernización laboral del Gobierno, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales. El proyecto se tratará en el recinto entre lunes y martes y así poder sancionarlo antes del anunciado Pacto de Mayo.
Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como «grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo».
Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.
Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.
El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.
Siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Durante la jornada, la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, recibió a especialistas para que brinden su punto de vista ante los demás legisladores que conforman el espacio. La pasada semana y para este medio, el diputado Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) señaló que «la reforma laboral es la más urgente». “La urgencia existe porque se encuentra estancada la creación de empleo formal en Argentina y el empleo informal, con todas las debilidades que eso tiene, hoy supera en número a la cantidad de trabajadores formales”, agregó.
Desde la primera intervención, diputados de Unión por la Patria expresaron su descontento porque no quedó constancia qué proyecto se estaba debatiendo en la convocatoria. Apuntaban a que Martín Tetaz daba por entendido que se iba a tratar la propuesta de autoría de su partido, cuando coexisten iniciativas del peronismo y del PRO cuyos diputados, sugestivamente, no participaron del encuentro. El bloque liderado por Cristian Ritondo desea torcer el acompañamiento del oficialismo para que respalde su iniciativa de reforma laboral.
Aunque no fue oficializado, trascendió que el Gobierno nacional piensa incluir 60 artículos de redacción propia sobre reforma laboral en el proyecto general de Ley Bases. Eso coalicionaría con los acuerdos alcanzados con distintos bloques en reuniones en Casa Rosada. Incluso Miguel Pichetto, referente de Hacemos Coalición Federal -una de las bancadas claves para la aprobación de la propuesta-, criticó esta posibilidad y anticipó su rechazo en una entrevista en Net TV: «Eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo, eso es un ataque sorpresivo por la noche».
