Los abogados aseguraron que ese es el monto que el país está dispuesto a desembolsar en el marco del juicio por la nacionalización realizada durante el tercer gobierno kirchnerista. El reclamo total asciende a 16 mil millones.
El Estado argentino planteó ante la Justicia de Estados Unidos que está dispuesto a pagar USD 4.920 millones adicionales por la expropiación de YPF realizada durante el tercer gobierno kirchnerista, en 2012.
Argentina deberá resarcir al bufete Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar juicios, que se quedó con los derechos a litigar en la causa de la petrolera.
La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York.
Esta semana se sabrá cuánto tendrá que pagar finalmente la Argentina por la expropiación de YPF dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato. Para determinar el monto, la jueza Loretta Preska analizará los escritos que presenten las partes. La indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización. Se estima que el monto puede variar entre 4.920 (el monto que está dispuesto a pagar el Estado) y 16.000 millones de dólares (el máximo que exigen los demandantes).
Burford y Eton Park señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.
Mientras que el Estado argentino sostiene que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.
En marzo de este año la jueza Preska falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a la empresa petrolera, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.
