Según el último informe del proyecto Mirar, en 2022 se registraron 96.664 interrupciones del embarazo en el sector público.
Además, el Estado incrementó la producción y comercialización de medicamentos para realizar los abortos y la mortalidad materna disminuyó.
«El número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, explicaron.
Por otro lado, creció un 98% la oferta de servicios, pero esta tendencia no es la misma en todo el país: en Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego mantuvieron la misma oferta o la disminuyeron.
¿Qué queda por hacer?
Crear un sistema de registro a nivel nacional que permita conocer el desempeño del servicio de IVE e ILE.
Proporcionar educación sexual integral, las opciones de anticonceptivos que hay y las vías para realizarse un aborto en caso de ser necesario.
Fuente: El Destape
