Tras la presión sindical y un fallo judicial que obligó al Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica, el Ejecutivo debió otorgar la recomposición salarial que había vetado. El ajuste libertario encontró su límite en la lucha gremial.
El Gobierno nacional dio marcha atrás y aplicó finalmente la Ley de Emergencia Pediátrica, que había sido vetada y resistida durante meses por la administración de Javier Milei. La norma, judicializada tras su sanción, obligó al Ejecutivo a reconocer un aumento del 61% en los salarios básicos del personal del Hospital Garrahan, retroactivo a octubre y acompañado de los bonos mensuales ya vigentes.
“Ganaron las y los trabajadores del Garrahan: ganó una causa nacional”, celebró la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital en sus redes sociales, tras conocerse la resolución.
Una ley que el Gobierno quiso enterrar
El texto de la ley —que Milei calificó de “irresponsable” y buscó frenar por decreto— declara la emergencia en salud pediátrica por un año, y obliga al Estado a priorizar recursos para hospitales, insumos y salarios. También restituye derechos a los residentes y exime del impuesto a las Ganancias a quienes trabajan en áreas críticas.
En los hechos, la medida representa una derrota política para el oficialismo, que había hecho de la negativa a su aplicación una bandera ideológica. La presión judicial y gremial, sumada al respaldo social que acompañó la lucha del Garrahan, dejó al Ejecutivo sin margen para seguir incumpliendo.
Seis meses de huelgas y resistencia
El conflicto se extendió por más de seis meses de huelgas, marchas y asambleas. En medio del ajuste más profundo de los últimos años, el personal del hospital pediátrico sostuvo su reclamo por recomposición salarial y condiciones dignas de trabajo, mientras denunciaba descuentos y persecución gremial.
La crisis fue tan severa que decenas de profesionales emigraron a otros centros de salud o directamente al exterior, agotados por la precarización y el desgaste.
Aun así, el Garrahan se convirtió en símbolo de resistencia frente al ajuste. Y la persistencia sindical y social terminó torciendo el rumbo del Gobierno.
Una victoria con sabor a justicia
Desde el gremio APyT advirtieron que ahora “esperan que el aumento se efectivice en todos los términos anunciados por la dirección del hospital” y agradecieron a “todas las personas que acompañaron este reclamo histórico”.
Mientras tanto, desde la Casa Rosada intentaron presentar el desenlace como un logro administrativo, destacando “la eficiencia en la gestión de los recursos”. Sin embargo, la realidad es que el cumplimiento fue forzado por el fallo judicial y la movilización gremial.
La ley que el Gobierno intentó frenar terminó siendo la herramienta que garantizó derechos, salarios y dignidad laboral. El Garrahan volvió a demostrar que la organización colectiva puede más que el ajuste.
