El Ejecutivo oficializó la norma que había sido aprobada por el Congreso, pero dejó en pausa su implementación hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero decidió suspender su ejecución hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida fue formalizada este lunes a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, que autoriza al Poder Ejecutivo a suspender la aplicación de leyes que impliquen erogaciones no previstas.
🗨️ «La aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad queda suspendida hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento y las partidas correspondientes», señala el texto oficial.
📑 Contexto legislativo
La ley había sido vetada inicialmente por el Ejecutivo en agosto, bajo el argumento de que no se contaba con los recursos para implementarla. Sin embargo, el veto fue rechazado por ambas cámaras del Congreso, que lograron reunir los dos tercios necesarios para insistir con su sanción.
Así, la norma fue enviada nuevamente al Poder Ejecutivo, que cumplió con su obligación de promulgarla, aunque decidió condicionar su aplicación.
💬 Argumentos del Gobierno
En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que el proyecto de Presupuesto 2026 ya fue enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre, y que es en ese ámbito donde debe debatirse cómo afrontar los gastos previstos en la nueva ley.
🗨️ “Corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”, argumenta el decreto.
💰 Reasignación de fondos para la ANDIS
En paralelo, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo reasignó partidas presupuestarias para reforzar los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre.
La medida contempla un incremento de $121.363 millones para actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, financiado con una reducción equivalente en las “obligaciones a cargo del Tesoro”.
📌 Claves de la Ley 27.793
- Declara la Emergencia en Discapacidad por 12 meses.
- Exige actualización automática de aranceles y pagos a prestadores.
- Obliga al Estado a garantizar la continuidad de servicios y tratamientos.
- Fue impulsada por organizaciones del sector ante los retrasos en pagos y aumentos de costos.
🧩 Una medida en suspenso
Aunque fue legalmente promulgada, la suspensión de su ejecución deja en pausa la aplicación efectiva de los derechos garantizados por la ley, generando incertidumbre en el sector de la discapacidad y entre los prestadores de servicios.
El debate por el financiamiento quedará ahora en manos del Congreso, que deberá resolver si asigna partidas específicas en el Presupuesto 2026, para que la ley pueda entrar en vigencia plena.
