Cortocircuitos entre la CGT y los gobernadores por la reforma laboral
Desde la central obrera sospechan que los encuentros se cayeron por negociaciones con la Casa Rosada. En Córdoba aseguran que la cita nunca estuvo en agenda. Los gremios preparan una cumbre “recargada” para el viernes.
Las dos primeras escalas de la ronda de reuniones que la CGT buscaba mantener con gobernadores para desactivar la “bomba legislativa” que representa la reforma laboral naufragaron antes de comenzar. A fines de la semana pasada trascendió que la central obrera tenía previstos encuentros con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, los encuentros nunca se concretaron y dieron lugar a versiones cruzadas.
Dos de los integrantes del triunvirato cegetista aseguraron a Página/12 que ambas reuniones fueron suspendidas de manera repentina “por cuestiones de agenda”, una explicación que en la CGT leen con desconfianza y atribuyen a negociaciones de los mandatarios provinciales con la Casa Rosada. Desde el gobierno cordobés, en cambio, negaron de plano esa versión: “Esa reunión no estaba ni siquiera en agenda. No sabemos de dónde salió esa información”, afirmaron escuetamente desde el Panal.
En paralelo, la CTA convocó a un paro y movilización contra la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional, mientras se profundizan las tensiones entre el sindicalismo y los gobernadores dialoguistas.
Reuniones frustradas y presión sindical
La CGT tampoco logró avanzar con reuniones con otros mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Frente a este escenario, la central obrera resolvió reforzar su estrategia y anunció una “cumbre recargada” para la reunión del Consejo Directivo prevista para el próximo viernes.
El clima se volvió aún más espeso luego de que 25 sindicatos —pertenecientes tanto a la CGT como a las dos CTA— se reunieran la semana pasada en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y definieran un plan de lucha con movilizaciones. La primera será este jueves 5 de febrero en Córdoba y la segunda el 10, en Rosario. Casual o no, las protestas tendrán lugar en las dos provincias gobernadas por Llaryora y Pullaro.
Las dos CTA, la Autónoma que conduce Hugo “Cachorro” Godoy y la de los Trabajadores encabezada por Hugo Yasky, ratificaron además la convocatoria a un paro con movilización cuando la reforma laboral llegue al recinto del Senado.
“Este proyecto es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma”, afirmó Godoy, quien consideró que la iniciativa no tiene nada de modernizadora sino que busca “retroceder las condiciones laborales al siglo XIX”. Yasky, por su parte, sostuvo que la reforma forma parte de “un proyecto regresivo que pretende descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”, y advirtió que llega en un contexto alarmante, con uno de los salarios promedio más bajos de América Latina.
La ofensiva gremial y el rechazo político
El rechazo a la reforma también se expresó en un encuentro de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que agrupa a 35 gremios, realizado en la sede de SMATA. Allí participaron el senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, quienes coincidieron en calificar el proyecto como “tremendamente perjudicial para los trabajadores”.
“Es mentira que estas reformas generen empleo. Cuando se abarata el trabajo, crece la desocupación”, sostuvo Recalde, quien recordó que durante la vigencia de la doble indemnización se registraron algunos de los índices de desempleo más bajos.
Siley afirmó que la iniciativa “facilita los despidos y no crea empleo” y planteó la necesidad de un modelo de país con más industria, justicia social y movilidad ascendente. Ruiz, en tanto, acusó al Gobierno de querer “matar la Justicia Nacional del Trabajo” y remarcó que la creación de empleo depende del modelo económico y no del recorte de derechos laborales.
El laberinto de Llaryora
En Córdoba, la reforma laboral se le presenta a Martín Llaryora como un verdadero laberinto político. Días atrás, durante una conferencia junto a Pullaro en el Festival de Cosquín, el gobernador sostuvo que una nueva ley laboral es necesaria por “las nuevas modalidades”, aunque advirtió que el debate no debe “cercenar derechos”. También pidió un tratamiento diferenciado para las pymes, para evitar una avalancha de juicios que termine cerrando empresas.
“Va a ser muy difícil tener una postura lineal en nuestro bloque”, admitió.
El problema es múltiple: Llaryora sabe que confrontar abiertamente con Javier Milei es complejo en una provincia donde el Presidente conserva alto nivel de apoyo, pero también debe marcar diferencias con La Libertad Avanza de cara a la disputa electoral del año próximo. A eso se suma el conflicto abierto con los gremios locales por la reforma previsional y la movilización nacional convocada para el 5 de febrero en Córdoba, que exigirá su rechazo explícito al proyecto.
Dentro del propio cordobesismo también crece la presión. El schiarettismo le reclama una definición clara y le reprocha “tirar la pelota afuera”. En el Senado, el foco está puesto en la senadora Alejandra Vigo, aunque en el oficialismo provincial relativizan su peso: “Es un solo voto y en la Cámara Alta no tenemos tanto margen”, dicen.
Ganancias, coparticipación y premios
Más allá de los aspectos laborales, los gobernadores miran con atención el impacto fiscal del proyecto. El artículo 191, que reduce el Impuesto a las Ganancias —tributo coparticipable—, amenaza con golpear aún más las finanzas provinciales. Un informe reciente de Politikón Chaco reveló que las transferencias automáticas de la Nación a las provincias cayeron un 6,7% en enero respecto del mismo mes de 2025. Córdoba fue el tercer distrito más afectado, detrás de CABA y Tucumán.
En ese contexto, también genera ruido el uso discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como sistema de premios y castigos. Una práctica conocida, pero que bajo la gestión de Milei se exhibe con mayor crudeza cada vez que la agenda legislativa lo requiere.
