Tras un extenso debate, el Senado dio luz verde a la norma impulsada por el Frente Amplio. El proyecto garantiza el derecho a morir con dignidad y coloca al país entre los pocos del mundo que reconocen la eutanasia como un derecho.
El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia en el país vecino. La norma fue impulsada por el Frente Amplio y contó con el apoyo de parte de la oposición, en una votación que se extendió durante más de diez horas y finalizó con una amplia mayoría a favor.
El texto, que fue debatido durante años en el Congreso, reconoce el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” y despenaliza la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren en la etapa terminal de enfermedades incurables o padezcan sufrimientos insoportables.
Un paso más en la agenda progresista uruguaya
Con la sanción de esta ley, Uruguay se incorpora al grupo de países que regulan la eutanasia, junto con Canadá, Países Bajos y España. En América Latina, solo Colombia y Ecuador habían avanzado en ese sentido, aunque por vía judicial.
Los legisladores que defendieron la iniciativa coincidieron en que la redacción brinda garantías tanto a pacientes como a profesionales de la salud, y que responde a la tradición progresista del país, pionero en la legalización del matrimonio igualitario, el aborto y la regulación del cannabis.
“Es una ley de compasión, muy humana y muy bien redactada”, expresó Beatriz Gelós, de 71 años, paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que impulsó públicamente la aprobación. “Me daría una paz impresionante que se apruebe”, dijo antes de la votación.
Las historias detrás del debate
Durante la sesión, se escucharon testimonios de pacientes y familiares que llevan años reclamando el derecho a decidir sobre el final de la vida. Entre ellos, el caso de Pablo Cánepa, de 39 años, quien sufre una enfermedad degenerativa rara.
“Pablo está agonizando hace años y la aprobación fue un verdadero alivio”, dijo su hermano, Eduardo Cánepa. “No es vida esto que tiene”, agregó su madre, Mónica.
En las gradas del Senado, la activista Florencia Salgueiro, cuyo padre murió sin poder acceder a la eutanasia pese a padecer ELA, consideró que el proyecto “respeta la voluntad de cada persona adulta de decidir hasta cuándo resistir el sufrimiento”.
Requisitos y marco legal
El texto aprobado establece que podrán acceder a la eutanasia los mayores de edad, ciudadanos o residentes, con plena capacidad psíquica, que se encuentren en la fase terminal de una enfermedad incurable o con padecimientos irreversibles.
Además, el paciente deberá manifestar su voluntad por escrito y atravesar una serie de instancias médicas y psicológicas previas para confirmar su decisión.
La norma se apoya en la Constitución uruguaya —que garantiza la libertad de conciencia y la vida digna—, en tratados internacionales de derechos humanos y en leyes nacionales previas sobre los derechos de los pacientes y las voluntades anticipadas.
Posiciones enfrentadas
El senador frenteamplista Daniel Borbonet defendió el texto como “sólido” y con “seguridad jurídica”. En cambio, el centroderechista Pedro Bordaberry sostuvo que se trata de “una ley de fomento de la muerte asistida”.
Desde la Iglesia Católica expresaron su “tristeza” por la aprobación y más de una decena de organizaciones civiles advirtieron que la norma es “deficiente y peligrosa” en algunos aspectos técnicos.
El Colegio Médico del Uruguay, por su parte, evitó fijar una postura institucional, pero participó en el proceso de redacción “para garantizar los derechos tanto de los pacientes como de los profesionales”, explicó su presidente, Álvaro Niggemeyer.
Un país que vuelve a marcar tendencia
Según una encuesta reciente de la consultora Cifra, más del 60% de la población uruguaya se manifestó a favor de la legalización de la eutanasia, frente a un 24% que la rechaza.
Con esta decisión, Uruguay vuelve a situarse en la vanguardia regional en materia de derechos civiles, consolidando una línea histórica que combina debate público, garantías institucionales y respeto por la libertad individual.
“Llegó el momento”, había dicho Beatriz Gelós antes de la votación. Este miércoles, su frase pareció resumir el sentir de buena parte de la sociedad uruguaya.
