Por decreto, el Poder Ejecutivo resolvió retirar a la Procuración del Tesoro del expediente que investiga el megacrédito tomado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Dos de los involucrados hoy integran el Gabinete libertario.
El Gobierno de Javier Milei dispuso que el Estado argentino deje de ser querellante en la causa judicial que investiga las presuntas irregularidades en el préstamo de 44.500 millones de dólares que la administración de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.
La medida implica que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención en la causa N° 3561/2019, caratulada “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, que buscaba determinar eventuales responsabilidades penales por una operatoria que habría perjudicado al Estado argentino.
Entre los involucrados en la toma del crédito figuran dos actuales funcionarios del gobierno libertario: el ministro de Economía, Luis Caputo, que en aquel momento se desempeñaba como ministro de Finanzas, y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, cargo que posteriormente también ocupó Caputo.
El decreto de Milei
La decisión fue formalizada a través del decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que la participación de la Procuración del Tesoro en el proceso penal fue “excepcional” y que la intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica, que está centrada en la defensa jurídica del Estado en materia patrimonial.
La causa había sido impulsada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se instruyó a la Procuración a iniciar acciones tendientes al recupero de los daños y perjuicios derivados del crédito otorgado por el FMI, el mayor en la historia del organismo.
La denuncia original buscaba establecer la posible comisión de delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
Archivo judicial y retiro del Ejecutivo
La decisión de retirar al Estado como querellante se conoció luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 dispusiera el archivo de la causa. La jueza María Eugenia Capuchetti concluyó que los hechos denunciados no configuraban delitos, sino discrepancias con decisiones de política económica.
En línea con ese fallo, el decreto sostiene que el Ministerio Público Fiscal es el órgano constitucionalmente competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones complejas, y que su rol debe preservarse frente a eventuales interferencias del Poder Ejecutivo.
No obstante, el texto aclara que el retiro de la querella no implica una renuncia del Estado nacional a reclamar eventuales daños y perjuicios, ya que la acción civil podría continuar por las vías procesales correspondientes.
La decisión del Gobierno fue interpretada en el ámbito político como un gesto de alivio judicial para los exfuncionarios de la gestión Macri que hoy ocupan lugares clave en el Gabinete de Milei y reavivó el debate sobre la responsabilidad política y judicial por el endeudamiento récord con el FMI.
