Según el Indice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI), estos grupos deben destinar una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler y además suelen alquilar sin contrato escrito y se alojan en viviendas más precarias.
Las situaciones descriptas se producen en “un contexto de incertidumbre económica y precariedad laboral”, en el que crece el peso de los alquileres, junto con “el riesgo de que se interrumpan los ingresos”, lo que abre “la posibilidad de un desalojo”.
El IVI, basado en una encuesta telefónica de hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires, fue presentado como un instrumento destinado a medir el grado de vulnerabilidad de los que alquilan y para el estudio se tomaron distintas variables como las características del contrato hasta las posibilidades de los grupos familiares para poder cumplirlo.
El relevamiento mostró que existen inquilinos “cuya situación es particularmente vulnerable” y ejemplificó con el caso “de los hogares sostenidos por mujeres o por personas trans-travesti o no binaries, de quienes alquilan de palabra, de las personas desocupadas, de quienes reciben la AUH, jóvenes, migrantes recientes, quienes alquilan en villas y asentamientos, entre otros”.
El informe precisó que “en el caso de los hogares sostenidos por mujeres y personas trans-travesti o no binaries, la alta vulnerabilidad llega al 34% y 38%, respectivamente”. Mientras tanto, “en aquellos hogares que son sostenidos por un varón, la alta vulnerabilidad se reduce al 26%”, añadió.
En cuanto a las diferencias por edades, reportó que “la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el mayor nivel de vulnerabilidad con un 33%” y señaló que la proporción desciende “a medida que crece la edad del sostén de hogar”.
