Paro por tiempo indeterminado en la UBA desde el 16 de marzo: los docentes exigen que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario
La Asociación Gremial Docente votó en asamblea no volver a las aulas hasta que se pague el 51 por ciento adeudado. Milei bloqueó la ley con un decreto, la Justicia lo frenó, y ahora el oficialismo prepara un nuevo proyecto para pisar lo que el Congreso ya aprobó.
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires dijeron basta. En asamblea, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) votó el lanzamiento de un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo, con movilizaciones, clases abiertas y una marcha federal en defensa de la educación pública. El mensaje fue directo: «No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente.»
Lo que reclaman no es ninguna novedad ni ningún capricho gremial. Es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 con amplio respaldo legislativo. Esa ley establecía una actualización salarial para los docentes y mejoraba la situación de las universidades públicas. El gobierno de Milei la rechazó desde el principio, intentó bloquearla mediante un decreto de suspensión, y cuando la Justicia frenó ese decreto a través de un amparo, el oficialismo no acató sino que preparó un nuevo proyecto de ley para reemplazarla con recortes más severos todavía.
Un derecho ganado que el gobierno se niega a cumplir
La secuencia vale la pena seguirla paso a paso. El Congreso votó una ley. El Ejecutivo emitió un decreto para no aplicarla. Un juez ordenó que sí se aplique. Y el Ejecutivo respondió preparando otro proyecto para cambiar la ley de fondo. Tres poderes del Estado, y el gobierno encontró la manera de ignorar a dos de ellos.
Para los docentes de la AGD-UBA, el agotamiento es acumulado. Los salarios universitarios vienen perdiendo contra la inflación desde hace más de un año. El 51 por ciento adeudado no es una estimación sindical: es el número que surge de la aplicación de la ley que el Congreso aprobó y que la Justicia respaldó con fallo favorable.
El plan de lucha no se limita a las facultades. También alcanza a los colegios nacionales dependientes de la UBA, donde se votaron acciones, cortes y permanencias dentro de los establecimientos. La UBA fue declarada en «estado de deliberación permanente» y se convocó a una asamblea ampliada para el 20 de marzo, con participación de estudiantes y trabajadores no docentes. Ese será el momento para definir la convocatoria a una nueva marcha federal antes de que el oficialismo lleve su proyecto al Congreso.
Qué viene ahora
El gobierno de Milei tiene en carpeta un nuevo proyecto de financiamiento universitario que busca reemplazar la ley vigente. La AGD-UBA ya anticipó su postura: rechazo total al proyecto del Ejecutivo y exigencia de convocatoria a paritarias. La marcha federal se organizará específicamente para presionar antes del tratamiento parlamentario de esa iniciativa.
Lo que está en juego no es solo el salario de los docentes universitarios. Es si una ley aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia puede ser ignorada indefinidamente por el Ejecutivo. Los docentes dicen que no. Y a partir del 16 de marzo, las aulas de la UBA van a estar vacías para demostrarlo.
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