Todas las actividades tendrán carácter “encubierto”. Desde la oposición advierten que se está conformando una policía secreta. Milei volvió a evitar el Congreso y avanzó con la reforma mediante un DNU.
Javier Milei esperó a que concluyeran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/2025) que introduce una reforma integral del sistema de inteligencia. La recientemente reactivada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) concentrará más poder y operará con un nivel de opacidad inédito: todas sus actividades pasarán a tener carácter “encubierto”, sus agentes quedarán habilitados para aprehender personas y el titular del organismo podrá requerir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior.
El anuncio encendió alarmas en amplios sectores de la oposición política y de los organismos de derechos humanos, que coinciden en advertir sobre un retroceso institucional de gran magnitud. “Es una reforma muy regresiva y peligrosa”, denunció Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Mientras gran parte del país celebraba el Año Nuevo, el Presidente firmaba junto a sus ministros un nuevo DNU que modifica de raíz el aparato de inteligencia. No es la primera vez que lo hace: en julio de 2024 ya había recurrido al mismo mecanismo para “resucitar” a la SIDE, desandando consensos construidos tras el retorno de la democracia.
Reordenamiento interno y concentración de poder
La reforma llega menos de un mes después de que Cristian Auguadra asumiera como titular del organismo, tras la salida de Sergio Neiffert, quien perdió el respaldo del asesor presidencial Santiago Caputo. La SIDE seguirá funcionando como una estructura paraguas, bajo la cual operarán cuatro organismos desconcentrados, aunque con cambios significativos de nombre y funciones.
El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), orientado al plano externo, continuará sin modificaciones. La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) será disuelta y reconvertida en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), luego de que el Gobierno reconociera superposiciones con el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dependiente de la Policía Federal.
Uno de los cambios más relevantes se dará en el área de ciberseguridad: la Agencia Federal de Ciberseguridad pasará a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia. Las políticas de ciberseguridad quedarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, donde se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En tanto, la División Asuntos Internos (DAI) será rebautizada como Inspectoría General de Inteligencia (IGI), un área que hasta hace poco estaba bajo el control del propio Auguadra.
El decreto también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), una decisión que implica vaciar de poder al Ministerio de Defensa como estructura civil y transferir mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en materia de inteligencia.
Inteligencia “encubierta”, detenciones y fuerzas armadas
Más allá de la reingeniería institucional, lo más controvertido del DNU es lo que habilita en la práctica. El texto establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter “encubierto”, una formulación que generó sorpresa incluso entre especialistas, ya que históricamente se utilizaba el término “secreto”.
En línea con este enfoque, la reforma permite realizar tareas de inteligencia ante la presunta “fuga de información clasificada”, una cláusula que despertó preocupación en el periodismo y en organizaciones civiles, especialmente luego de la filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), cuestionado por habilitar el espionaje sobre diversos colectivos sociales y políticos.
El decreto convierte además a todos los ministerios, organismos y entes descentralizados en sujetos activos de contrainteligencia y faculta a la SIDE a exigir información a cualquier dependencia del Estado.
Uno de los puntos más graves es que los agentes de inteligencia quedarán habilitados para aprehender personas, una atribución que estaba expresamente prohibida por la Ley 25.520. A esto se suma la posibilidad de requerir asistencia técnica, logística y operativa de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, reeditando una articulación que se buscó desactivar tras la última dictadura.
“Es la creación de una policía secreta; ya no estamos hablando de un organismo de inteligencia”, sostuvo Leopoldo Moreau, ex presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
El diputado Agustín Rossi enumeró cinco aspectos que consideró especialmente alarmantes: la detención sin orden judicial; la habilitación de inteligencia interior por parte de militares; la negociación directa de recursos entre las Fuerzas Armadas y la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la defensa; y el uso de la contrainteligencia para perseguir filtraciones, con impacto directo sobre la libertad de prensa. “Es muy grave”, subrayó.
Rechazo político y advertencias judiciales
Desde el Congreso, el socialista Esteban Paulón anticipó la presentación de un proyecto para derogar el DNU. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamó la normalización de la Comisión Bicameral de Inteligencia y calificó la reforma como una “Gestapo para todos y todas”. Desde el FIT, Christian “Chipi” Castillo exigió su anulación inmediata por implicar “un salto en el espionaje a opositores y periodistas”.
El CELS ya había cuestionado judicialmente el DNU que reactivó la SIDE en 2024 y advirtió sobre la falta de controles efectivos. “Nos preocupa que el Gobierno haya reformado por decreto el sistema de inteligencia y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad sin debate parlamentario”, sostuvo Litvachky. También alertó sobre la pasividad del Poder Judicial y el silencio de la Corte Suprema frente al uso sistemático de DNU para legislar.
Con este nuevo decreto, el Gobierno profundiza una estrategia de concentración de poder, secretismo y debilitamiento de los mecanismos de control democrático, en un área especialmente sensible para la vida institucional del país.
