La joven rusa que para la Fiscalía de Bariloche es víctima de una organización criminal envió una carta abierta al presidente Javier Milei en la que denuncia abusos del sistema judicial argentino, y reclama su intervención directa.
La causa conocida como “la secta rusa de Bariloche” tiene un nuevo giro después de que Elena Makarova, la única presunta víctima del expediente, enviara una carta al presidente Javier Milei. En el documento, afirma haber sufrido “humillación y atropello incompatibles con un Estado de derecho” durante su paso por la Argentina. La carta también fue remitida a la Embajada de Rusia y a organismos internacionales como la ONU y Human RightsWatch. La presentación cuestiona de manera abierta el accionar de la fiscalía federal y del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, epicentro de los hechos denunciados.
Makarova explica que llegó al país escapando de violencia doméstica y buscando un entorno seguro para dar a luz a su hijo, Miroslav. Sin hablar español, dependió exclusivamente de NadezhdaBelyakova (Angelina) y de Svetlana Komkova, traductora residente en Brasil. “Ellas fueron mi único apoyo y guía”, escribió la joven, que asegura que ambas terminaron injustamente acusadas tras su parto.
Según su testimonio, su pesadilla comenzó en el hospital de Bariloche, donde afirma que fue sometida a procedimientos médicos sin consentimiento, incluida “una inducción forzada del parto” que ella había rechazado en reiteradas oportunidades. También sostiene que se la presionó para revelar la identidad del padre bajo amenazas veladas de que no podría llevarse a su bebé del hospital. Tras el nacimiento, asegura que le confiscaron el teléfono, los documentos y la separaron de sus acompañantes.
La joven también relata que fue trasladada a un refugio donde vivió bajo vigilancia, sin libertad de movimiento y sin condiciones básicas para ella y su recién nacido. Indica que a su hijo le aplicaron cuatro vacunas en un mismo día “sin supervisión suficiente”, lo que—según dice—tuvo consecuencias negativas para su salud. En su carta al presidente, reclama: “No era protección: era privación de libertad disfrazada de asistencia”.
En uno de los párrafos más duros, Makarova acusa directamente a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Revora, Rodrigo Treviranus y Oscar Fernando Arrigo de haber creado “una historia falsa” para sostener una acusación inexistente. Afirma que encubrieron las irregularidades del personal médico, presionaron para obtener declaraciones y bloquearon sus intentos de presentar documentación o ampliar su testimonio. “Ignoraron pruebas de mi inocencia y destruyeron la vida de muchas personas”, afirma en el texto.
La mujer insiste en que su caso no es aislado, sino parte de lo que describe como “un problema sistémico”. En su carta señala que 21 ciudadanos rusos permanecen retenidos en la Argentina sin posibilidad de salir del país y sin acceso a sus documentos. Explica que algunas de esas personas perdieron dinero, pertenencias y quedaron sin medios económicos, sin estatus legal claro y bajo vigilancia estatal.
En su carta, Makarova le formula cinco pedidos concretos al presidente Milei: una investigación independiente sobre el accionar de la fiscalía y del hospital; la liberación y protección humanitaria de los ciudadanos retenidos; la restitución del honor de quienes fueron “falsamente acusados”; el cierre de la causa por falta de pruebas; y un gesto político que reafirme que Argentina “sigue siendo un país de Justicia”.
“Le ruego intervenir —no solo por mí, sino por todas las mujeres y madres que hoy sufren en silencio”, escribió la joven. Insiste en que su intención no es generar conflicto diplomático, sino evitar que otras personas pasen por lo que ella describe como una “violencia institucional devastadora”.
Makarova, que actualmente reside en Rusia junto a su hijo, asegura que su pedido no busca beneficios personales. “He regresado a Rusia, pero mi corazón sigue en Argentina —con quienes aún sufren allí”, manifestó. En su cierre, dice confiar en que el presidente Milei no ignorará lo que define como una “violación masiva de derechos humanos”.
La carta fue enviada también a la OEA, la ONU y Amnistía Internacional, lo que podría elevar el caso al plano internacional. En ámbitos diplomáticos admiten que la presentación ya está siendo analizada por la Embajada de Rusia en Buenos Aires, lo que abre la posibilidad de un pronunciamiento oficial.
