A dos semanas del inicio de los incendios en El Hoyo y Epuyén, la respuesta del Gobierno nacional frente al fuego oscila entre el endurecimiento de penas, el reparto de culpas y la criminalización selectiva, aun cuando existen marcos legales vigentes que el propio Estado elige no aplicar. La estrategia oficial apunta a correr el foco de la falta de políticas públicas, invisibilizando las consecuencias del brutal ajuste sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En paralelo, las declaraciones de emergencia impulsadas por la oposición avanzan lentamente y funcionan apenas como un paliativo frente a un desastre ambiental ya consumado, aunque claramente prevenible. En lugar de fortalecer la prevención, la agenda del Gobierno busca avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego, habilitando un retroceso normativo que vuelve a convertir al incendio en una herramienta de especulación inmobiliaria y productiva, e impulsa cambios en la Ley de Glaciares que consolidan el corrimiento del Estado en favor de intereses concentrados. Mientras tanto, el presidente y sus funcionarios siguen los acontecimientos desde Buenos Aires.
Supervisar sin pisar el territorio
Sin viajar a la zona afectada, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se mostró en redes sociales “supervisando” la situación desde el Centro de Monitoreo de la Agencia Federal de Emergencias. “Desde acá se sigue el despliegue de brigadistas, bomberos y recursos nacionales en Chubut”, afirmó en un posteo que refuerza la narrativa punitivista y omite la responsabilidad estatal por la subejecución presupuestaria y la ausencia de políticas sostenidas de prevención.
Los números son elocuentes: en 2024, la ejecución real del Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue 81% menor que en 2023; en 2025, el recorte alcanzó el 70,8%. Las proyecciones del Presupuesto 2026 consolidan esa tendencia y, aun con ejecución plena, implicarían una caída real del 70,7% respecto de 2023.
El video difundido por Monteoliva también expone un retroceso frente a las acusaciones previas del Ministerio, que habían apuntado a una supuesta responsabilidad mapuche. El propio fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, aclaró que la investigación judicial no encontró indicios que vinculen los incendios con grupos organizados. Aun así, la ministra insistió: “Si este fuego lo ocasionó alguna organización o individuo, lo vamos a encontrar”, sostuvo, pese a que días antes la cartera había hablado de “grupos terroristas autodenominados mapuches”.
Punitivismo como respuesta
La lógica punitiva atraviesa a toda la primera línea libertaria. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que sí viajó a Epuyén, propuso “actualizar el Código Penal” para agravar penas con cárcel efectiva para quienes inicien incendios, además de una mayor coordinación interjurisdiccional. La diferencia con el presidente Javier Milei, que se mostró en la zona a través de imágenes generadas con inteligencia artificial, es apenas de forma: la coincidencia ideológica es total.
Incluso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió incorporar la figura de ecocidio al Código Penal y endurecer las sanciones por incendios intencionales. El proyecto, impulsado por la senadora Edith Terenzi, apunta a que las penas reflejen el daño ambiental causado. “Sea un pirómano, un conflicto vecinal o un delirante anarquista, lo que sea”, dijo Torres, reforzando una mirada simplificadora frente a un fenómeno complejo.
ATN, ajuste y emergencia tardía
Tras fuertes críticas públicas, el Gobierno anunció que girará Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chubut para afrontar la emergencia. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”, había advertido Torres. El Ejecutivo, que suele utilizar los ATN como herramienta de negociación política, deberá destinarlos esta vez a mitigar el desastre, luego de haber incrementado en diciembre un 50% el reparto de esos fondos para gobernadores aliados.
Del lado opositor, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para otorgar un bono a brigadistas y declarar la emergencia en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Los trabajadores combaten el fuego durante jornadas extenuantes y cobran salarios que rondan los 860 mil pesos. Iniciativas similares impulsan diputados de Unión por la Patria y el senador Martín Soria, pero todas enfrentan un obstáculo central: no podrán tratarse hasta marzo, cuando comience el período legislativo ordinario.
Durante febrero, el Congreso solo debatirá los temas que fije el Ejecutivo: reforma laboral, cambios en el Código Penal y la ofensiva sobre la Ley de Glaciares.
Un problema estructural
Para el abogado ambientalista Enrique Viale, el problema excede la coyuntura. “En la Argentina falta comprender que la cuestión socioambiental es central para la justicia social”, sostuvo. Señaló el negacionismo climático y el desfinanciamiento como rasgos del Gobierno, pero también cuestionó a la oposición: “En pocos días se va a votar una regresión de la Ley de Glaciares y no veo a la clase política escandalizada”.
Viale vinculó directamente los incendios con la ofensiva normativa oficial. “Es la misma lógica: retiro del Estado y apropiación de los territorios por intereses concentrados. Mineras en el caso de los glaciares, grandes terratenientes en la Patagonia”, afirmó. “Cuando el Estado abandona su función de proteger ríos, glaciares y bosques, las consecuencias también son totales”.
