La inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses alcanzó el 31,7%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato del primer mes del año representa la mayor suba en los últimos diez meses y refuerza las señales de aceleración en el ritmo de aumento de precios.
El índice porteño se difundió en la antesala del dato nacional que el Indec dará a conocer este martes, en un contexto atravesado por la polémica en el organismo estadístico tras la salida de su titular, Marco Lavagna, por diferencias con el Gobierno en torno a la actualización de la metodología para medir la inflación.
Los rubros que registraron los mayores aumentos en enero fueron Recreación y Cultura, con una suba del 7,4%; Restaurantes y Hoteles, que avanzó 5,3%; Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, con un incremento del 4%; y Transporte, que registró una suba del 3,7%.
En contraste, Prendas de Vestir y Calzado mostró una caída del 1%, mientras que Educación tuvo un aumento marginal del 0,1%. En el caso de la indumentaria, la baja se explica por el contexto de fuertes liquidaciones de fin de temporada y se dio en paralelo a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que prefiere comprar ropa en el exterior por los altos precios locales.
Lejos de consolidar un sendero desinflacionario, el dato de enero encendió señales de alerta: en diciembre, la inflación en la Ciudad había sido del 2,7%, lo que marca una aceleración significativa en apenas un mes.
El informe oficial también detalló que los precios de los bienes aumentaron 2,3%, mientras que los servicios treparon 3,5%, confirmando que este último rubro volvió a ser uno de los principales motores de la suba general. En tanto, los productos estacionales registraron un fuerte incremento del 15,8% y los regulados avanzaron 1,7%.
Justamente, el mayor peso de los servicios en la inflación volvió a reavivar el debate sobre la medición a nivel nacional. La metodología vigente del Indec, basada en datos de 2004 y 2005, es cuestionada por no reflejar el rol creciente que tienen los servicios en el gasto cotidiano de los hogares, un punto sobre el cual el Gobierno se resiste a introducir modificaciones.
