“Los votos están”, afirmó Diego Santilli. El Gobierno avanzó en concesiones fiscales a las provincias y se encamina a la media sanción de un proyecto que recorta derechos laborales.
Con Patricia Bullrich y Diego Santilli al frente de las negociaciones, el Gobierno nacional cerró este lunes los acuerdos finales con gobernadores dialoguistas y bloques provinciales para garantizar la media sanción de la reforma laboral. La clave del entendimiento fue la decisión de la Casa Rosada de retirar el capítulo que reducía el Impuesto a las Ganancias, un reclamo central de las provincias por su impacto en la coparticipación.
“Los votos están”, aseguró Santilli horas antes de que Bullrich —presidenta del bloque de La Libertad Avanza— encabezara una reunión en el Senado con legisladores que responden directamente a los mandatarios provinciales. El encuentro incluyó a Luis Juez, Carlos Arce, Carlos “Camau” Espínola, Beatriz Ávila y Flavia Royón, entre otros.
La concesión fiscal destrabó el apoyo político, aunque no hubo modificaciones sustanciales en los artículos que recortan derechos laborales, un punto que no formó parte de las exigencias de los aliados provinciales.
Cambios sin alterar el espíritu del proyecto
Santilli reconoció que habrá ajustes en el texto final, pero aclaró que no se modificará el núcleo de la iniciativa. “El objetivo central de la ley no se ha modificado”, admitió, y destacó el rol de Bullrich en el Senado y de Martín Menem en Diputados para garantizar los números.
La versión definitiva del proyecto se conocería a último momento, posiblemente este martes por la mañana. Ese mismo día, desde las 11, se reunirá la mesa política de la Casa Rosada, integrada por Bullrich, Santilli, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, Menem, el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto el miércoles, con la expectativa de dar “el primer paso” legislativo.
Fondos, presión y sprint final
Santilli y Adorni fueron los encargados de ofrecer compensaciones financieras a las provincias a cambio del respaldo parlamentario. En ese marco, el ministro del Interior mantuvo este lunes una reunión con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, además de contactos contrarreloj con otros mandatarios.
Desde el oficialismo admiten que el texto original sufrió modificaciones, aunque insisten en que la reforma mantiene su carácter estructural.
Para defender la iniciativa, Santilli apeló al discurso de la “modernización laboral”. “Necesitamos una nueva ley porque las actuales fueron pensadas cuando no existía el celular ni el trabajo remoto”, sostuvo en declaraciones radiales. También volvió a prometer creación de empleo y formalización laboral, una afirmación rechazada por la oposición y por la mayoría de los especialistas en derecho del trabajo.
El rechazo sindical
Las declaraciones oficiales fueron rápidamente refutadas por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien aseguró que la reforma “no genera trabajo” y que su verdadero objetivo es “perseguir a los gremios”.
Martínez había participado inicialmente del Consejo de Mayo, el espacio de diálogo impulsado por el Gobierno, pero se despegó del proyecto desde sus primeras versiones.
Pese a las críticas, Santilli insistió con el argumento de la “industria del juicio laboral” como uno de los principales problemas del mercado de trabajo, especialmente para las pymes, y alineó la reforma con el plan de Milei para la segunda mitad de su mandato.
Gobernadores “con peluca”
Las reuniones clave se realizaron en las oficinas del bloque de la UCR, donde se negoció durante semanas el texto final. Allí, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, llegó a afirmar que el proyecto tenía un “95% de consenso”.
Además de Vischi, participaron legisladores de distintos espacios provinciales, que respondieron a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Juan Pablo Valdés. El compromiso central fue eliminar la rebaja de Ganancias, una condición excluyente para acompañar la iniciativa.
El propio Sáenz salió a despegarse parcialmente del operativo y denunció haber recibido “presiones y amenazas” contra legisladores que apoyarán la reforma, una señal del malestar interno en el peronismo frente a quienes avalan el proyecto oficialista.
