El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, solicitó que se revoque el archivo de la causa judicial que investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión había sido tomada semanas atrás por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien consideró que se trataba de una cuestión de política económica y, por lo tanto, no susceptible de intervención judicial.
El planteo del fiscal respalda la apelación presentada por su colega Franco Picardi, quien había cuestionado duramente el cierre del expediente al considerar que la magistrada realizó una “evaluación parcial, sesgada y superficial” de los hechos y de las pruebas reunidas durante la investigación.
La causa analiza el acuerdo firmado con el FMI en junio de 2018, que derivó en un préstamo por 57.100 millones de dólares, el mayor otorgado por el organismo internacional en su historia. Según la fiscalía, el endeudamiento se habría contraído sin cumplir con requisitos legales y constitucionales, entre ellos la aprobación del Congreso.
En su dictamen, Picardi sostuvo que los funcionarios involucrados habrían tomado una “deuda estatal insostenible” y que los argumentos utilizados para justificar el préstamo fueron “falsos y engañosos”. El fiscal también planteó que gran parte de las divisas obtenidas se habría utilizado para sostener un proceso de fuga de capitales, lo que habría provocado un perjuicio económico para el Estado estimado en 29.618 millones de dólares, según informes de la Sindicatura General de la Nación.
Entre los imputados figuran el expresidente Macri, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, además de otros exfuncionarios del Banco Central que participaron en la política monetaria de la época.
La jueza Capuchetti había argumentado al archivar la causa que no se comprobó desvío o apropiación indebida de fondos y que las decisiones adoptadas formaban parte de la política económica del gobierno de entonces. También sostuvo que la intervención del Congreso no era necesaria para ese tipo de acue
