Los ministros, secretarios y subsecretarios cobrarán el porcentaje acumulado de incremento otorgado a la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y no tiene carácter retroactivo.
El Gobierno nacional oficializó este viernes un aumento salarial para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. A través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso que ministros, secretarios y subsecretarios percibirán los mismos incrementos acordados en las paritarias de los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
La norma establece que, a partir de enero de 2026, estos funcionarios recibirán el porcentaje acumulado de aumento otorgado al personal estatal entre enero de 2024 y julio de 2025. Además, los futuros incrementos salariales que se acuerden en las paritarias generales se trasladarán automáticamente a sus remuneraciones, siempre que se mantenga el superávit fiscal.
El decreto aclara que, en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado —según la información oficial del Ministerio de Economía—, los salarios de los funcionarios quedarán automáticamente congelados y se suspenderá la aplicación de nuevos aumentos. Esta suspensión operará “de pleno derecho”, sin necesidad de un acto administrativo adicional, y se mantendrá vigente hasta que se restablezca el resultado fiscal superavitario.
La medida no tiene carácter retroactivo y alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores y funcionarios con rango y jerarquía equivalente. Quedan expresamente excluidos de estas subas el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En los considerandos, el Gobierno justificó la decisión en el congelamiento salarial que rigió para los altos cargos desde diciembre de 2023 y en los resultados económicos alcanzados por la gestión. Entre ellos, mencionó los “22 meses de superávit fiscal”, el descenso de la inflación y la reducción del índice de pobreza, indicadores que —según el texto— demuestran que las medidas adoptadas para corregir los desequilibrios fiscales y macroeconómicos “han sido conducentes a la obtención de resultados positivos”.
