El Gobierno nacional derogó por decreto la norma que regulaba desde hace más de tres décadas los aranceles de las escuelas privadas. A partir de ahora, los establecimientos educativos de gestión privada podrán fijar libremente los valores de matrículas y cuotas sin autorización previa del Estado.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo el Decreto 787/2025, elimina el Decreto 2417/93, que establecía los procedimientos de comunicación y aprobación de aumentos para las instituciones privadas no subsidiadas.
Qué cambia con la nueva norma
El nuevo esquema implica una desregulación total del sistema de aranceles. En adelante:
- Los colegios no necesitarán autorización estatal previa para modificar las cuotas o matrículas.
- Podrán ajustar los valores en función de la evolución de la economía y de sus costos operativos.
- Ya no estarán obligados a informar con anticipación considerable los montos del ciclo lectivo siguiente.
De este modo, las instituciones podrán aplicar aumentos en cualquier momento del año, sin la necesidad de realizar proyecciones inflacionarias con meses de antelación.
El argumento oficial: fin de los “saltos” en marzo
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en sus redes sociales.
“Chau a los saltos exorbitantes en las cuotas de colegios privados en marzo”, escribió en su cuenta de X.
Según Sturzenegger, el marco anterior obligaba a las escuelas a anticipar los incrementos y fijar precios preventivos al inicio del ciclo lectivo, lo que terminaba elevando artificialmente los aranceles.
“Ahora se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”, explicó.
El fundamento del decreto
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo sostiene que el esquema anterior generaba “efectos contraproducentes” tanto para las familias como para las instituciones.
Según el texto oficial, el requerimiento de informar y aprobar los aumentos con anticipación producía “incertidumbre económica” en los institutos, que terminaban fijando cuotas más altas de lo necesario para cubrir posibles aumentos de costos durante el año.
“Este mecanismo perjudica a las familias, que deben afrontar aranceles más elevados desde el inicio del ciclo lectivo”, señala el decreto.
Además, el Gobierno argumenta que la regulación limitaba el derecho de propiedad y la libertad de contratación de las entidades privadas, al imponerles controles sobre precios y salarios.
Impacto y próximos pasos
La medida afecta principalmente a los colegios privados sin aportes estatales, un universo que representa alrededor del 6% de los establecimientos educativos del país.
En estos casos, los valores de las cuotas y matrículas quedarán completamente liberados, aunque las instituciones deberán informar los nuevos montos a los organismos educativos correspondientes una vez aplicados.
El decreto también instruye al Ministerio de Capital Humano, que encabeza la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación pública de gestión privada.
Esa revisión buscará “actualizar las pautas normativas” a la estructura federal vigente y “fortalecer la sustentabilidad del sistema educativo privado”.
Un nuevo capítulo del plan desregulador
La decisión se enmarca en el plan de desregulación integral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que ya incluyó medidas sobre tarifas, transporte y servicios profesionales.
Con esta resolución, el Ejecutivo avanza en su objetivo de liberalizar los precios en sectores regulados, argumentando que la competencia y la transparencia del mercado permitirán estabilizar los costos a largo plazo.
Sin embargo, el cambio genera preocupación entre las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, ya que las cuotas podrán variar varias veces al año y sin aviso previo.
