El debate por la modificación de la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda política y generó fuertes protestas frente al Congreso de la Nación Argentina, donde se registraron incidentes y una fuerte intervención de fuerzas de seguridad. La discusión legislativa, impulsada por el Gobierno nacional, apunta a introducir cambios en el régimen de protección ambiental vigente desde 2010, una normativa considerada clave para la preservación de reservas estratégicas de agua dulce.
El clima de tensión escaló durante la jornada de movilización, donde organizaciones ambientales y sociales denunciaron que las modificaciones podrían flexibilizar controles sobre actividades extractivas en zonas periglaciares. La intervención policial y la agresión a un camarógrafo de A24 amplificaron el impacto político del debate.
Qué es la Ley de Glaciares y por qué es estratégica
La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial en Argentina. Fue sancionada tras años de debate político y judicial, y fija la prohibición de actividades que puedan afectar la estabilidad de cuerpos de hielo que funcionan como reservas hídricas.
Especialistas en derecho ambiental consideran que se trata de una norma estructural dentro del sistema de protección ecológica argentino, ya que regula la actividad minera e hidrocarburífera en zonas sensibles.
Argentina concentra una de las mayores reservas de glaciares de América del Sur, especialmente en la región andina. Estas formaciones son consideradas estratégicas por su función de almacenamiento y regulación del recurso agua.
Qué quiere modificar el Gobierno
El proyecto impulsado por el oficialismo propone redefinir los alcances del concepto de “ambiente periglacial” y revisar criterios técnicos vinculados al inventario nacional de glaciares. Según argumentan desde el Ejecutivo, el objetivo es “dar previsibilidad jurídica” a inversiones productivas sin comprometer la protección de reservas hídricas.
Organizaciones ambientales, en cambio, sostienen que la modificación podría habilitar actividades extractivas en zonas actualmente restringidas, debilitando el espíritu original de la ley.
El punto más controvertido gira en torno a la delimitación de áreas protegidas y la posibilidad de reinterpretar estudios técnicos previos realizados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Protestas y tensión en el Congreso
La discusión legislativa derivó en movilizaciones frente al Congreso. Agrupaciones ambientalistas denunciaron un intento de “retroceso normativo” y convocaron a manifestarse contra el proyecto.
Durante el operativo de seguridad se registraron momentos de tensión, empujones y uso de gas pimienta. El episodio que generó mayor repercusión fue la agresión y detención momentánea de un trabajador de prensa, lo que amplificó la visibilidad del conflicto.
El cruce entre protección ambiental y desarrollo productivo volvió a polarizar posiciones políticas, con sectores oficialistas defendiendo la reforma y bloques opositores cuestionando el alcance de los cambios propuestos.
Impacto político y económico
El debate sobre la Ley de Glaciares no es nuevo, pero su reactivación ocurre en un contexto económico donde el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos como minería y energía.
Empresas del sector sostienen que la actual redacción genera incertidumbre regulatoria en algunas zonas cordilleranas. Ambientalistas, por su parte, advierten que cualquier flexibilización podría comprometer ecosistemas frágiles y reservas de agua en un contexto global de crisis climática.
El Congreso deberá ahora avanzar en el tratamiento legislativo en comisiones antes de una eventual votación en el recinto.
Un debate estructural
Más allá de los incidentes puntuales, el eje de la discusión es estructural: cómo compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental bajo estándares constitucionales.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano y establece el deber de preservarlo para generaciones futuras. La Ley de Glaciares se convirtió en uno de los instrumentos centrales para cumplir ese mandato.
La evolución del proyecto definirá si Argentina mantiene el esquema restrictivo vigente o si adopta un modelo con mayor margen de interpretación técnica.
