Un Gobierno al que ya no le interesa acusar a represores
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación dejó de intervenir como querellante en los nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La ausencia responde a una combinación de factores: el desmantelamiento del área de querellas, el despido de abogados especializados y una reorganización administrativa que eliminó expresamente las funciones que habilitaban al organismo a actuar como parte acusadora.
El cambio se produce tras el decreto 347/2025 firmado por Javier Milei, que degradó la Secretaría a Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia. Posteriormente, el decreto 605/2025 redefinió su estructura interna y, según organismos de derechos humanos, suprimió las atribuciones que permitían intervenir como querellante en causas penales vinculadas al terrorismo de Estado.
Ahora, el Ministerio de Justicia —a cargo de Mariano Cúneo Libarona— deberá responder formalmente si considera que la Subsecretaría conserva facultades para actuar como parte acusadora en estos procesos.
Juicios en marcha sin la querella del Estado
La ausencia oficial ya se verificó en varios procesos recientes.
Uno de ellos es el juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Automotores Orletti y Base Pomar, que dependían de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En ese expediente tampoco interviene la Subsecretaría.
Tampoco lo hace en el proceso contra el prefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez por delitos perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros de detención ilegal del país.
Este lunes comienza además en La Plata un nuevo juicio contra integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización de ultraderecha que actuó antes del golpe de 1976. Allí, la defensa de uno de los imputados planteó la falta de legitimación de la Subsecretaría para intervenir como querellante. El juez Jorge Gorini solicitó al Ministerio de Justicia que se expida sobre el punto.
El antecedente y el cambio de política
La participación del Estado nacional como querellante en causas por delitos de lesa humanidad había sido institucionalizada en 2006 mediante el decreto 1020 firmado por Néstor Kirchner. En ese momento, el Gobierno asumió el compromiso de impulsar “hasta sus últimas consecuencias” la investigación de los crímenes perpetrados durante la última dictadura.
Desde entonces, la Secretaría de Derechos Humanos llegó a intervenir en 265 causas como parte acusadora.
El proceso de desarticulación comenzó con despidos masivos de abogados especializados en litigio estratégico. En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, las jurisdicciones con mayor volumen de expedientes, el organismo quedó sin letrados asignados para sostener las querellas.
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Memoria Abierta advirtieron en diciembre que la nueva estructura dejaba sin sustento legal la intervención estatal en estos procesos.
Una redefinición del rol
Fuentes vinculadas a los expedientes sostienen que la actual conducción de la Subsecretaría, a cargo de Joaquín Mogaburu, no tiene como prioridad sostener las querellas y que, en algunos casos, el organismo podría intervenir para acompañar planteos de prisión domiciliaria o morigeración de pena formulados por represores.
Mientras tanto, los juicios continúan impulsados por el Ministerio Público Fiscal y las querellas de víctimas y organismos.
En Tucumán, por ejemplo, avanza la investigación más amplia hasta el momento sobre el Operativo Independencia. La fiscalía sostiene que no se trató de una acción aislada sino de un plan sistemático de persecución contra la población civil desarrollado entre febrero de 1975 y marzo de 1976, incluso antes del golpe de Estado.
La causa involucra a 49 imputados y 581 víctimas, entre ellas 67 menores de edad.
Una definición pendiente
La decisión que adopte el Ministerio de Justicia respecto de la legitimación de la Subsecretaría será clave para definir si el Estado nacional continuará o no como acusador institucional en los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Más allá de la postura oficial, los debates judiciales siguen su curso. Pero la eventual retirada del Estado como querellante marcaría un cambio sustancial en la política de memoria, verdad y justicia que se consolidó desde la reapertura de los juicios en 2006.
La discusión ya no es solo jurídica. Es también política e histórica.
