La vicepresidenta había denunciado a la diputada Lilia Lemoine y a Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente. El juez Sebastián Casanello ordenó analizar los mensajes en redes sociales.
El juez federal Sebastián Casanello investiga si existe un ataque coordinado contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, tal como ella viene denunciando desde el año pasado. La titular del Senado sostiene que es víctima de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de tuiteros vinculados al oficialismo libertario, en el marco de la creciente interna con el presidente Javier Milei.
Entre los señalados por Villarruel figuran la diputada nacional Lilia Lemoine y Nicolás Márquez, biógrafo del mandatario y referente del ala ideológica más dura del oficialismo.
Como parte de la investigación, Casanello ordenó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina que analice los mensajes difundidos en redes sociales y las interacciones entre los usuarios denunciados, con el objetivo de determinar si hubo una acción coordinada en su contra.
La denuncia y el contexto político
La causa se inscribe en el marco de la interna descarnada entre la Casa Rosada y el Senado, que se profundizó en los últimos meses. El viernes pasado, Villarruel volvió a agitar el conflicto al retuitear un mensaje que advertía sobre la gravedad de naturalizar amenazas de muerte contra la vicepresidenta, en una publicación que mencionaba a Alejandra Monteoliva, actual ministra de Seguridad.
La denuncia original fue presentada el 4 de agosto del año pasado, cuando Villarruel alertó sobre publicaciones que, según sostuvo, atentaban contra el poder que preside, su persona y su círculo cercano. En ese escrito afirmó que se trataba de amenazas contra el orden constitucional, con el trasfondo de una supuesta presión para forzarla a renunciar.
El conflicto escaló luego de que Milei la calificara públicamente como “bruta traidora” durante su participación en La Derecha Fest, en Córdoba.
Los acusados y los mensajes en redes
En su presentación judicial, Villarruel apuntó contra Lemoine, a quien acusó de tratarla de “golpista” en distintas publicaciones, y contra Márquez, quien cuestionó su nivel de vida y llegó a vincularla con supuestos financiamientos de Roberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, prófugo en Estados Unidos.
En la denuncia también fueron incluidos usuarios conocidos en redes como El Pubertario y El Trumpista, entre otros.
Inicialmente, Casanello delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien clasificó los tuits en tres categorías: posibles amenazas, mensajes que podrían constituir calumnias o injurias —delitos de acción privada— y publicaciones que, aunque repudiables, no configuraban delito.
Picardi sostuvo incluso que, aun cuando no se tratara de delitos penales, podía estar frente a un caso de violencia por razones de género en el ámbito digital, con componentes políticos y mediáticos.
El giro del juez Casanello
Villarruel no quedó conforme con el dictamen fiscal y pidió su revisión. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, respaldó la postura de Picardi y sostuvo que no existían elementos suficientes para impulsar la acción penal.
Sin embargo, Casanello decidió tener por querellante a Villarruel, reasumió la investigación y ordenó profundizar las medidas de prueba. En una resolución firmada antes de la feria judicial, el magistrado sostuvo que los hechos denunciados debían ser analizados de manera conjunta y no fragmentada.
“Las características de los sucesos denunciados y la dinámica propia de las redes sociales aconsejan su análisis integral, para no desdibujar su real dimensión y gravedad”, señaló el juez.
Además, Casanello consideró que el caso podría encuadrarse como violencia contra las mujeres en la vida política, lo que exige un estándar reforzado de investigación, especialmente por tratarse de una funcionaria de alta jerarquía institucional.
Viejas alianzas y rupturas
Tras la denuncia, el dirigente liberal Carlos Maslatón difundió fotos de archivo que mostraban a Villarruel compartiendo encuentros con varios de los hoy denunciados, en reuniones de referentes de la derecha procesista realizadas años atrás.
Entre los presentes en esas imágenes figuraban, además de Márquez, Agustín Laje, Vicente Massot, Juan Bautista “Tata” Yofre y José Martínez de Hoz (hijo), todos vinculados a espacios que promovían la llamada “memoria completa”.
Villarruel y Márquez compartieron militancia a principios de los años 2000, aunque la relación se habría deteriorado con el tiempo. Hoy, ambos, al igual que otros exaliados, mantienen un enfrentamiento público que ahora derivó en una investigación judicial.
