Por pedido de los fondos buitre, la magistrada de Nueva York pidió acceder a los chats y correos personales de exfuncionarios para evaluar si el Estado argentino incumplió sus órdenes judiciales. El país debe informar antes del 10 de noviembre quiénes entregarán sus comunicaciones.
La jueza Loretta Preska, a cargo del juicio por la expropiación de YPF, volvió a presionar al Estado argentino y deslizó la posibilidad de abrir una investigación por “desacato” contra funcionarios y exfuncionarios que no entregaron aún sus teléfonos y comunicaciones personales.
El reclamo fue impulsado por los fondos buitre que demandaron a la Argentina y que reclaman el cumplimiento del fallo que ordena el pago de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012.
El pedido de Preska y las quejas de los demandantes
Durante una audiencia reciente en el tribunal de Nueva York, los representantes de los fondos denunciaron “el incumplimiento total” de la orden judicial que obligaba a entregar correos electrónicos, chats y mensajes de los exfuncionarios involucrados en la estatización.
Preska consideró el planteo y amplió su solicitud para incluir las comunicaciones realizadas a través de WhatsApp, Signal y redes sociales, al sostener que “es necesario determinar el nivel de injerencia del Estado argentino en YPF” para definir el alcance de los embargos.
La respuesta argentina y los próximos pasos
La defensa del Estado argentino explicó que no puede garantizar la preservación de esos registros, ya que muchos teléfonos personales pertenecen a funcionarios de gobiernos anteriores que ya no los utilizan o los reemplazaron hace años.
Aun así, Argentina se comprometió a informar antes del 10 de noviembre quiénes presentarán la documentación y a comenzar la entrega de material antes del 21 de noviembre.
Los demandantes, por su parte, pidieron que si el país no cumple con los plazos, la jueza convoque una audiencia por desacato, lo que podría derivar en sanciones o en la habilitación de nuevas medidas de embargo sobre activos argentinos en el exterior.
Contexto del conflicto
El caso YPF se originó tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera en 2012. Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios, llevaron el caso a la justicia estadounidense.
En 2023, Preska dictaminó que la Argentina debía pagar USD 16.000 millones, aunque el fallo aún está pendiente de apelación ante instancias superiores.
