La principal hipótesis de la investigación es que el joven granadero se disparó con el arma que tenía asignada durante la guardia. La Justicia Federal avanza con los peritajes.
Un granadero de 21 años que cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos, en la zona norte del conurbano bonaerense, fue encontrado sin vida durante la madrugada del martes en uno de los puestos internos del perímetro residencial. Según la investigación, la principal hipótesis es que el soldado se suicidó con el fusil FAL que tenía asignado para la guardia. Según los testimonios recabados, estaba muy angustiado por las deudas que, con el sueldo de un soldado, no tenía forma de cubrirlas.
El cuerpo fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia oficial de Javier Milei, que se encontraba dentro de la Quinta cuando ocurrió el hecho. Se trata de una garita cercana al chalet presidencial. El soldado fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez.
Para asegurarse los respaldos, la administración de Javier Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025. Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales norteamericanas que miran de reojo.
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica. Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda.
Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
En contra de todos
Para sorpresa de la oposición, el Gobierno introdujo cambios de último momento al dictamen que la Comisión de Presupuesto y Hacienda trabajó durante noviembre y los giró únicamente a los bloques aliados. La maniobra fue denunciada en comisión por Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.
Pese a que la Justicia ordenó días atrás la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo volvió a la carga. En el artículo 75 incorporó la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
La oposición cuestionó la avanzada y se prepara para eliminar ese artículo en la votación en particular. El dictamen de Unión por la Patria propone garantizar la vigencia de todas las leyes que fueron aprobadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas en ambas cámaras. Además, rechaza el artículo 30, que elimina las metas de financiamiento mínimo para la educación, la inversión progresiva en ciencia y tecnología, el fondo para las escuelas técnicas y la inversión para el sistema de defensa nacional.
Este último punto también encendió las alarmas de la CGT. La central obrera rechazó de inmediato el artículo 30 y, en un comunicado, exigió su retiro del Presupuesto 2026. Sostiene que ese inciso implica una reducción drástica de la inversión educativa, en abierta contradicción con la legislación vigente; el desfinanciamiento total de la educación técnico-profesional, con impacto directo en los planes de mejora, el equipamiento y la formación; y el vaciamiento de la inversión en ciencia y tecnología, afectando la investigación orientada al desarrollo nacional. Frente a este escenario, la central llamó a movilizar “para defender nuestros derechos”.
Provincias Unidas también lleva al recinto su propio dictamen que busca garantizar la implementación de las leyes de Financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. En nombre del interbloque Unidos, Nicolás Massot cuestionó que en el proyecto oficial “no están incorporadas las tres leyes vetadas”. El diputado recordó que “entre las tres suman un costo fiscal del 0,16 por ciento del producto. Es un costo fiscal menor que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recién incorporada reforma laboral”.
El dictamen incorpora además una modificación sensible al derogar la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. Un congelamiento virtual. De aprobarse este artículo, ambos beneficios dejarán de actualizarse mensualmente por inflación. En la práctica implicará una licuación inmediata de los ingresos de los sectores más vulnerables.
También restringe las llamadas “zonas frías” que reciben subsidios al gas. La redacción actual mantiene los beneficios para las zonas consideradas históricas —Patagonia, Puna y Malargüe—, pero le da al Poder Ejecutivo la facultad de definir su alcance y aplicación. El texto evita fijar porcentajes concretos de descuento y omite reconocer de manera explícita a las regiones que habían sido incorporadas al régimen en el año 2021.
El paquete que el oficialismo pretende llevar al recinto este miércoles se completa con dos iniciativas que condensan la lógica contradictoria del rumbo libertario. Por un lado, junto con el Presupuesto, el Gobierno impulsa la llamada ley de “disciplina fiscal”, que blinda la regla del déficit cero y busca atar de manos al Congreso mediante un esquema de castigos —incluso penales— para quienes voten leyes que alteren el equilibrio fiscal. El proyecto ni siquiera pasó por la comisión de Legislación Penal y podría ser rechazado en el recinto. Por el otro, avanza con un nuevo blanqueo, rebautizado “inocencia fiscal”, con el que intenta seducir a los argentinos que mantienen dólares fuera del sistema para que los vuelquen a la economía formal sin consecuencias futuras.
