“He sido ilegalmente espiado junto a distintas personas de mi entorno y a centenares de opositores” por “quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial”, dice la denuncia que concretó este martes Alberto Pérez, exjefe de Gabinete de Daniel Scioli. La “información ilegal”, explica, “era entregada a medios periodísticos afines y vaya uno a saber a quién más, con el objeto de realizar campañas mediáticas y nutrir de información a fiscales y jueces para alentar persecuciones judiciales también manifiestamente ilegales”.

Su presentación ante el juez Ernesto Kreplak, en la que pide ser querellante, lleva una prueba adicional de fuerte peso, que son los audios que se le atribuyen al subcomisario Hernán Casassa, quien participó del allanamiento a su vivienda y a propiedades de Scioli, que describen un circuito de recolección ilegal de datos sobre diversas personas con base en el área de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El pedido de investigación por violación a la Ley de Inteligencia lleva nombres concretos: la exgobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, el exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo –hoy diputado e integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia–, el actual procurador Julio Conte Grand y el exjefe de Gabinete Federico Salvai.

Pérez llevó su denuncia a la causa sobre la “Gestapo antisindical”, nombre que alude a la frase del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien expresó su deseo de tener “una Gestapo” para “terminar con todos los gremios”. Pero extiende hasta las máximas autoridades bonaerenses los alcances de la “mesa judicial” que fue denunciada, y muestra que también fueron blanco dirigentes de la política.

En el expediente original se investiga la reunión del 15 junio de 2017 en el Banco Provincia donde Villegas les explica a un grupo de empresarios de la construcción, hasta con un instructivo en mano, cómo armarían causas judiciales contra dirigentes, en acuerdo con jueces, fiscales y la Procuración. Hablan puntualmente, además, del dirigente de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina. Había otros funcionarios presentes, como el entonces subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, el intendente platense Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y tres jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): Juan Sebastián De Stéfano, de Asuntos Jurídicos, Darío Biorci, exjefe de gabinete de la central de espías, y Diego Dalmau Pereyra, exjefe operacional de contrainteligencia. Todo quedó filmado y fue hallado por la actual gestión de la AFI. De los audios entregados por el exjefe de Gabinete de Scioli surgen más nombres y posibles mecanismos de persecución. Su escrito pide identificar e imputar a “coautores, partícipes o instigadores”. Lo entregaron sus abogados Pablo Slonimsqui y el excamarista federal Jorge “Paty” Ballestero.