El juicio por el triple homicidio ocurrido en enero de 2024 en Capitán Bermúdez ingresó en su etapa decisiva con un alegato central de la defensa que puso el foco en el estándar probatorio exigido para dictar una condena a prisión perpetua. El abogado defensor, Ezequiel Torres, sostuvo que la acusación contra Alexis Lobos no alcanza el grado de certeza requerido en materia penal.
La Fiscalía mantiene la hipótesis de que Lobos fue el autor de los tres homicidios y que actuó con un móvil económico. En función de esa construcción, solicitó la pena máxima prevista para el homicidio agravado. Sin embargo, la defensa planteó que el caso se sostiene sobre inferencias antes que sobre prueba directa.
“No hay testigos presenciales, no hay cámaras que lo sitúen en el lugar y no hay pericia técnica concluyente que lo señale como autor”, afirmó Torres ante el tribunal.
El eje técnico: estándar de certeza y duda razonable
Desde el punto de vista jurídico, la discusión central radica en el estándar de convicción necesario para imponer una pena de prisión perpetua. En el derecho penal argentino, la condena exige certeza positiva sobre la autoría y responsabilidad del imputado, más allá de toda duda razonable.
La defensa argumentó que la prueba presentada por la Fiscalía es predominantemente indiciaria y que no logra conformar un cuadro probatorio cerrado, coherente y excluyente de hipótesis alternativas.
“La duda razonable no es una formalidad: es una garantía constitucional”, remarcó el abogado.
En términos técnicos, la prueba indiciaria puede sustentar una condena únicamente cuando los indicios son plurales, graves, concordantes y convergentes. Según el planteo defensivo, ese estándar no se cumple en este caso, ya que los elementos expuestos no eliminan escenarios alternativos compatibles con la inocencia del acusado.
Torres sostuvo además que la acusación parte de una hipótesis inicial y luego organiza los elementos del expediente para sostenerla, invirtiendo la lógica del razonamiento probatorio.
El debate sobre el móvil económico
Uno de los pilares de la acusación es el presunto móvil económico. La Fiscalía habría señalado que el triple homicidio tuvo como trasfondo una cuestión dineraria. Para la defensa, ese punto no fue acreditado con evidencia concreta.
“No se demostró que haya existido un beneficio económico real. El móvil es una hipótesis, no una prueba”, sostuvo Torres.
Desde el análisis penal, si bien el móvil no integra el tipo penal en sí mismo, su acreditación puede reforzar la hipótesis acusatoria. Sin embargo, la defensa enfatizó que no se presentaron pruebas patrimoniales, movimientos financieros verificables ni elementos objetivos que respalden esa línea argumental.
Valoración integral de la prueba
Otro aspecto técnico subrayado por la defensa fue la necesidad de valorar la prueba de manera integral y racional. Según Torres, algunos indicios fueron considerados en forma aislada, sin ponderar explicaciones alternativas posibles.
“No se puede dar por acreditado el hecho principal sin prueba contundente”, expresó.
La defensa recordó que el proceso penal no admite condenas basadas en probabilidades o sospechas, sino en certeza jurídica. En particular, cuando la consecuencia es la privación perpetua de la libertad, el margen de error debe reducirse al mínimo.
El antecedente del juicio abreviado
La causa incluye un acuerdo abreviado por encubrimiento respecto de otro imputado. Aunque ese procedimiento no forma parte del debate oral principal, la defensa sostuvo que no puede utilizarse como confirmación indirecta de la autoría atribuida a Lobos.
Desde el punto de vista procesal, el juicio abreviado implica aceptación de responsabilidad individual por un hecho determinado, pero no sustituye la carga probatoria que pesa sobre la acusación en relación con el delito principal.
La defensa advirtió que cualquier extrapolación automática sería técnicamente improcedente.
Impacto social en Capitán Bermúdez
El triple homicidio generó fuerte conmoción en Capitán Bermúdez y en el cordón industrial santafesino. El caso instaló preocupación por la violencia y la seguridad, además de una fuerte expectativa social en torno al resultado del juicio.
Familiares de las víctimas y vecinos siguieron el proceso con atención, en un contexto donde la demanda de justicia convive con la exigencia de respeto a las garantías constitucionales.
El fallo que dicte el tribunal no solo definirá la situación procesal de Lobos, sino que también tendrá un impacto institucional en la comunidad, al fijar criterios sobre la valoración de prueba indiciaria en delitos de extrema gravedad.
A la espera del veredicto
Con los alegatos concluidos, el tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia. La resolución deberá determinar si el cuadro probatorio alcanza el nivel de certeza requerido para una condena por homicidio agravado o si subsisten dudas que impidan responsabilizar penalmente al acusado.
En el cierre de su exposición, Torres sintetizó su posición con una frase que marcó el tono del alegato:
“Una condena sin prueba directa es una condena basada en suposiciones”.
El veredicto marcará el desenlace judicial de uno de los casos más sensibles de los últimos años en la región.
