El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva de Agostina Páez, imputada por injuria racial. La medida se fundamenta en el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.
La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de haber realizado gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema. La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal N°37, que hizo lugar al pedido de la fiscalía ante el riesgo de fuga y la posibilidad de intimidación a testigos y víctimas.
Tras conocerse la resolución, Páez publicó un video en su cuenta de TikTok en el que expresó su angustia y temor frente al avance del proceso judicial.
“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, afirmó.
En la grabación, la joven también destacó que siempre estuvo a disposición de la Justicia brasileña. “Recibí la notificación de que hay una orden de prisión preventiva por peligro de fuga, cuando tengo una tobillera electrónica y estoy a disposición desde el día uno”, sostuvo.
El episodio en Ipanema
El hecho que derivó en la causa ocurrió el 14 de enero, cuando Páez se encontraba de vacaciones en Brasil junto a amigas. Según la acusación, tras una discusión al momento de pagar la cuenta en un bar de Ipanema, la abogada se dirigió a los mozos con expresiones ofensivas y gestos racistas, simulando un mono.
Páez reconoció que su reacción fue inapropiada, aunque aseguró que se produjo luego de haber sido agredida por empleados del local, quienes —según su versión— se reían de ella y sus acompañantes mientras realizaban gestos obscenos.
Los fundamentos de la prisión preventiva
En las últimas horas, el Juzgado Penal N°37 resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la prisión preventiva al considerar que la imputada en libertad “generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal”.
Según la resolución judicial, Páez podría intimidar a los testigos y a las víctimas para condicionar sus declaraciones. Además, el tribunal advirtió sobre la posibilidad de que abandone el país, lo que “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.
En su presentación, los fiscales remarcaron que una de las mujeres que acompañaba a la acusada intentó frenar su conducta, lo que fue interpretado como una señal de conciencia sobre la gravedad de los hechos. También indicaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por testigos presenciales y por imágenes de cámaras de seguridad.
La denuncia sostiene, además, que Páez continuó con las ofensas racistas fuera del bar, incluso después de haber sido advertida por los trabajadores de que ese comportamiento constituía un delito en Brasil. Pese a ello, siempre según el expediente, volvió a insultar a una cajera del local llamándola “mono” y repitiendo los gestos.
La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero, al considerar que existían pruebas suficientes para respaldar la acusación. Para la fiscalía, los hechos “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido, golpeando directamente a las víctimas con conductas peyorativas y discriminatorias”.
