Especialistas, gremios docentes y universidades advierten que el proyecto de Ley de Libertad Educativa, presentado por el Gobierno tras las reuniones del Consejo de Mayo, representa una ruptura estructural del sistema educativo argentino. La iniciativa elimina la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación, habilita un esquema de vouchers, reduce la inversión pública, legaliza el homeschooling, disminuye la carga horaria y abre la puerta a un proceso de privatización y competencia entre escuelas.
El texto de 166 artículos —publicado en la web del Consejo de Mayo y redactado bajo la tutela de Federico Sturzenegger— busca derogar la Ley de Educación Nacional (LEN) de 2006.
Un cambio de paradigma: el Estado pasa a un rol subsidiario
El espíritu de la reforma queda claro en su primer artículo: la educación deja de ser responsabilidad primaria del Estado y pasa a estar encabezada por la familia, seguida por la sociedad civil. El Estado queda relegado a un papel “subsidiario” en la garantía de accesibilidad y permanencia escolar.
La licencia en Ciencias de la Educación Roxana Perazza explica que esto constituye “uno de los aspectos más graves” del proyecto:
“Rompe con un recorrido histórico valorado por toda la sociedad. No hay que correr al Estado, hay que fortalecerlo, y no vimos ninguna política pública que vaya en ese sentido”.
Perazza forma parte del grupo de especialistas que elaboró un documento crítico ya firmado por más de 2500 académicos, que será presentado ante diputados y senadores.
Vouchers, financiamiento por demanda y fin del 6% del PBI
El proyecto elimina la histórica meta del 6% del PBI para educación, habilita el financiamiento estatal a escuelas privadas y formaliza los vouchers educativos bajo la figura de “dispositivos de financiamiento por la demanda”.
Según el texto, los fondos podrán asignarse a estudiantes y familias mediante “vales, bonos, becas o créditos fiscales”, y su cálculo dependerá —entre otros factores— de la cantidad de alumnos de cada institución. En la práctica, esto instala un sistema de competencia entre escuelas por matrícula.
Todo se justifica en nombre de la “eficiencia”, definida como el criterio rector para asignar recursos y evitar “gastos improductivos”.
Un cambio respecto del borrador original es la eliminación del artículo que igualaba la inversión estatal entre escuelas públicas y privadas, así como la supresión del punto que permitía educación confesional en instituciones estatales.
Riesgo de mayor segregación educativa
Para Roberto Abdala, magister en Políticas Educativas y director de la carrera de Educación de la UNQ, los efectos serán regresivos:
“La primacía de la familia junto con un financiamiento basado en la elección va a generar un sistema aún más segregado. Habrá escuelas empobrecidas para los sectores vulnerables y otras de mayor jerarquía para quienes puedan pagar”.
Autonomía institucional ampliada y reducción de cargas horarias
El proyecto concede a cada escuela la posibilidad de:
- Diseñar sus propios planes de estudio, con currículas estatales meramente orientativas.
- Seleccionar docentes, desplazando a los sistemas centralizados actuales.
- Definir la carga horaria, con un mínimo legal reducido a 720 horas anuales en primaria y secundaria, por debajo de las 760 y 900 horas aprobadas por el Consejo Federal de Educación para 2026.
Para Abdala, la autonomía sólo profundizará desigualdades:
“Es bienvenida si todas las escuelas tienen recursos similares, lo que no es el caso”.
Limitación al derecho de huelga y rechazo gremial
El proyecto declara la “esencialidad educativa”, lo que restringe el derecho a huelga de docentes. Desde CTERA ya anunciaron una campaña nacional de rechazo.
Miguel Duhalde, secretario de Educación del gremio, afirma:
“Derogar la LEN es un retroceso histórico. Se corre al Estado y se deja a las familias en un rol casi patronal, pudiendo influir en decisiones institucionales”.
Consejo Escolar de Padres: participación con poder de control
La reforma impulsa la creación del Consejo Escolar de Padres con funciones de:
- Supervisión institucional
- Participación en decisiones estratégicas
- Elaboración del reglamento escolar
- Intervención en procesos de selección y remoción de equipos directivos
Especialistas advierten que esto podría generar tensiones internas y habilitar presiones ideológicas o de mercado dentro de las escuelas.
Homeschooling: legalización plena y prueba estandarizada
El proyecto dedica un capítulo específico a legalizar la educación en el hogar y la educación virtual, consideradas “formas alternativas de enseñanza”. Los estudiantes serán evaluados únicamente con una prueba estandarizada basada en contenidos mínimos.
Abdala señala:
“Está pensada para un sector minoritario que pueda pagar servicios privados en el hogar. Detrás hay un negocio educativo listo para entrar”.
“Un proyecto que atrasa”
Perazza sintetiza el diagnóstico de los especialistas:
“En lugar de fortalecer la escuela pública y pensar nuevas respuestas para las problemáticas actuales, el Gobierno mira una realidad peculiar para derogar una ley que tiene apenas veinte años. Es un proyecto que atrasa”.
Los gremios preparan una campaña nacional para frenar la reforma cuando llegue al Congreso.
