Una organización antirracista presentó una denuncia ante la Fiscalía especializada en discriminación de la Ciudad de Buenos Aires por comentarios emitidos durante el reality televisivo. La presentación, acompañada por la Defensoría del Pueblo porteña, sostiene que las expresiones reproducen imaginarios del pasado esclavista y amplifican la violencia racial en un programa de alcance masivo.
El episodio ocurrido esta semana en Gran Hermano trascendió la pantalla y llegó al ámbito judicial. La denuncia fue impulsada por una organización antirracista con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
El escrito lleva las firmas de María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación del organismo, y de Federico Pita, presidente de la Diáspora Africana de la Argentina.
La denuncia ante la fiscalía
La presentación fue radicada ante la Fiscalía N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación y a cargo de la fiscal Andrea Verónica Scanga.
En el escrito se denuncian las expresiones racistas emitidas el 11 de marzo durante una conversación entre participantes del reality.
Según la denuncia, en ese intercambio la participante Carmiña Masi se refirió a su compañera Jenny Mavinga con una frase que remite al imaginario esclavista asociado al comercio transatlántico de personas esclavizadas.
El impacto de las expresiones
La presentación judicial sostiene que este tipo de expresiones no solo afectan a la persona aludida, sino que también reproducen estereotipos degradantes hacia las personas africanas y afrodescendientes.
Además, advierte que el impacto se amplifica por el contexto mediático en el que se produjo, ya que se trata de un programa de televisión de gran audiencia y difusión masiva.
El marco legal de la denuncia
El escrito invoca distintas normas del sistema jurídico argentino, entre ellas:
- el principio constitucional de igualdad,
- la Ley Antidiscriminatoria 23.592,
- la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que los medios deben evitar contenidos que fomenten la discriminación por origen étnico o color de piel.
También se menciona la figura de violencia mediática contemplada en la Ley 26.485.
Las medidas solicitadas
Entre las acciones solicitadas ante la justicia, la presentación pide que se investigue la posible comisión de contravenciones o delitos vinculados a la discriminación.
Además, se solicita que se requiera información a Telefe y a la productora del programa sobre las medidas adoptadas frente a lo ocurrido.
El escrito también propone medidas de reparación simbólica, entre ellas una disculpa pública emitida dentro del propio programa y la difusión de contenidos de sensibilización contra el racismo.
