El proyecto obtuvo dictamen de mayoría con modificaciones y se tratará este miércoles en Diputados. También elimina el ajuste automático de las asignaciones familiares y la AUH, y restringe el régimen de zonas frías.
A días de iniciar su tercer año de gestión, el Gobierno busca aprobar su primer Presupuesto nacional. Tras lograr dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el aval de aliados parlamentarios y gobernadores, el Presupuesto 2026 será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, en una sesión clave para la administración de Javier Milei.
El oficialismo consiguió 28 firmas sobre un total de 46, con seis disidencias, lo que obliga a continuar las negociaciones para garantizar la aprobación en el recinto. El respaldo provino de bloques aliados como el PRO, la UCR y el MID, además de diputados vinculados a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
Entre las modificaciones incorporadas al dictamen, el proyecto propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas posteriormente por ambas cámaras. La inclusión de este punto generó un fuerte rechazo de la oposición, que anticipó que intentará eliminarlo en la votación en particular.
Cambios en asignaciones y subsidios
El texto también elimina la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que implica que dejarán de actualizarse mensualmente por inflación. De aprobarse, el cambio otorgará mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo y significará, en los hechos, una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios.
Otro punto sensible es la restricción del régimen de zonas frías, que actualmente subsidia el consumo de gas en distintas regiones del país. El proyecto mantiene el beneficio para las zonas históricas —Patagonia, Puna y Malargüe—, pero habilita al Ejecutivo a definir su alcance y aplicación, sin establecer porcentajes concretos ni reconocer explícitamente a las regiones incorporadas al régimen en 2021.
Presiones políticas y negociaciones
Para garantizar los apoyos necesarios, el Gobierno intensificó las negociaciones con gobernadores aliados. En los últimos días, varias provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre ellas Misiones, Chaco y Tucumán. Además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que habilita a las provincias a avanzar con emprendimientos mineros, una iniciativa que beneficia especialmente a distritos como Catamarca, Mendoza y San Juan.
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques sobre la necesidad de contar con un presupuesto aprobado por el Congreso, la oposición cuestiona que el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos jubilatorios, no prevé reactivar la obra pública ni incluye medidas orientadas a impulsar la actividad económica. El eje central del texto es el blindaje del equilibrio fiscal, alcanzado mediante recortes en áreas sensibles del Estado.
Proyecciones y cuestionamientos
El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026, cifras que varios economistas y legisladores consideran de difícil cumplimiento.
La oposición también denunció que el oficialismo introdujo cambios de último momento al dictamen y los giró únicamente a los bloques aliados. En ese marco, el artículo 75 —que deroga las leyes de discapacidad y financiamiento universitario— y el artículo 30 —que elimina metas de financiamiento educativo, científico y tecnológico— concentran el mayor rechazo.
La CGT se sumó a las críticas y llamó a movilizar contra lo que considera un desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología. En tanto, distintos bloques opositores presentaron dictámenes propios para garantizar la vigencia de las leyes vetadas.
El paquete completo
La sesión de este miércoles incluirá además el tratamiento de la llamada ley de “disciplina fiscal”, que busca blindar la regla del déficit cero y establecer sanciones para quienes impulsen leyes que alteren el equilibrio fiscal, y un nuevo blanqueo de capitales, rebautizado por el Gobierno como “inocencia fiscal”, destinado a incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema formal.
Con menos de diez días hábiles antes del cierre de las sesiones extraordinarias, el oficialismo se juega una jornada clave para avanzar con su agenda legislativa y cumplir con los compromisos asumidos ante los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional.
