Durante la sesión anual del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), la delegación del gobierno argentino defendió el protocolo antipiquetes y la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales. La exposición incluyó expresiones negacionistas sobre los desaparecidos de la última dictadura y múltiples descalificaciones hacia organismos de derechos humanos, según denunciaron representantes del CNPT, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Cels.
Un encuentro marcado por tensiones y acusaciones
El CAT había convocado a los funcionarios argentinos para responder preguntas basadas en informes de organizaciones sobre el aumento de la violencia policial desde diciembre de 2023. Sin embargo, la delegación encabezada por los subsecretarios Alberto Baños (Derechos Humanos), Julián Curi (Asuntos Penitenciarios) y Diego Goldman (Asuntos Legales) evitó contestar cada cifra, denuncia o caso presentado por los expertos del comité y por las ONG que enviaron documentación.
En su lugar, criticaron el trabajo del comité internacional y acusaron a los organismos de derechos humanos argentinos de presentar información falsa.
La CPM lamentó que esta postura “implica una regresión importante de nuestro país en materia de derechos humanos”, y recordó que su informe documenta 2.467 heridos y 223 personas detenidas arbitrariamente en protestas desde diciembre de 2023. También denunció la continuidad de graves violaciones en cárceles bonaerenses y la sistematicidad de la violencia policial. Ante esto, Goldman respondió: “Las cifras de heridos en las marchas son todas mentiras”.
Las preocupaciones del Comité de la ONU
Según informaron el CNPT y la CPM, el CAT hizo especial énfasis en una serie de puntos críticos:
- Prácticas institucionalizadas de violencia contra personas detenidas.
- Uso arbitrario de armas menos letales en movilizaciones sociales.
- Torturas y malos tratos en contextos de encierro, considerados prácticas arraigadas.
- Hacinamiento extremo en lugares de detención.
- Violencia y acoso sexual hacia mujeres detenidas, maniatadas y sin exámenes médicos adecuados.
Los delegados argentinos, lejos de responder a estas observaciones, vincularon las críticas al protocolo antipiquetes con una “oposición nostálgica que no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones”. También recurrieron a expresiones negacionistas sobre los desaparecidos y a insinuaciones de supuestos “negocios” detrás de las políticas de memoria.
El protocolo antipiquetes y la discusión sobre su legalidad
El experto chileno del CAT, Jorge Contesse, interrogó al gobierno sobre los criterios para aplicar el protocolo antipiquetes y sobre su adecuación, necesidad y proporcionalidad. También mencionó informes de lesiones oculares y agresiones en marchas que mostrarían un uso del protocolo “no apegado a la legalidad”.
Curi respondió defendiendo el accionar policial, calificando las armas menos letales directamente como “no letales” y justificando su empleo. Además, cuestionó los informes que mencionan violencia estatal:
“Los organismos que están acá ni los canales que usted mira muestran los más de 200 policías heridos en manifestaciones”.
Negación, victimización y omisiones
La CPM denunció que, ante la falta de datos verificables, la delegación del gobierno recurrió a “victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité cuando las preguntas resultan incómodas”. Tampoco se mencionó durante la exposición que todos los sitios de memoria, dependientes del área de Baños, atraviesan un vaciamiento presupuestario y de personal.
Sobre el derecho a la protesta, Curi afirmó:
“El derecho a manifestarse en paz está garantizado; si uno va a pegarle palos a la policía o tirar piedras eso es ilegal”, y defendió la imputación por daños y resistencia a la autoridad.
