Por resolución del RENAR, los legítimos usuarios podrán acceder a armas semiautomáticas de tipo militar bajo un nuevo régimen de control. Organizaciones por el desarme alertan que la medida podría aumentar los tiroteos, la violencia letal y el acceso de bandas criminales a armamento de guerra.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en la desregulación del mercado de armas de fuego. Una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos por parte de civiles, una categoría de armamento que hasta ahora estaba restringida a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El nuevo marco, dispuesto por el Registro Nacional de Armas (RENAR), autoriza a los legítimos usuarios y entidades de tiro a adquirir armas alimentadas con cargadores removibles —como fusiles, carabinas o subametralladoras derivadas de modelos militares—, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos administrativos.
Los requisitos y el alcance del nuevo régimen
La resolución establece que quienes deseen acceder a este tipo de armamento deberán:
- Acreditar al menos cinco años como legítimo usuario del RENAR.
- Carecer de antecedentes penales o sanciones.
- Contar con un sector de guarda homologado y seguro para almacenar las armas.
- Presentar una declaración jurada sobre el uso deportivo y documentación probatoria de la actividad.
El trámite estará sujeto al pago de una tasa similar a la prevista para la “Tenencia Express” y la Tarjeta de Consumo de Municiones.
Según el texto oficial, la medida busca “ordenar y transparentar la tenencia responsable de materiales de uso condicional” y reemplaza normativas anteriores en materia de control y registro.
Críticas y advertencias del movimiento por el desarme
Las organizaciones especializadas en prevención de la violencia con armas advirtieron que la decisión puede tener consecuencias graves.
“El plan es liberar la portación de armas y lo están haciendo de a poco”, alertó Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme.
“Ponen ahora unos requisitos para que parezca comprobable el uso deportivo. Pero son armas que pueden disparar ráfagas. No es para hacer tiro al blanco”, señaló Angerosa, quien recordó que estas armas habían sido prohibidas en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.
El activista comparó el caso argentino con el de Brasil bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, cuando la flexibilización del mercado de armas derivó en un incremento de femicidios y tiroteos en espacios públicos.
“Son armas de guerra, de mucho poder. Una persona con una de estas y dos o tres cargadores puede matar a 100 personas. Es un riesgo enorme para esta sociedad”, advirtió.
Preocupación por el crimen organizado
Entre los expertos en seguridad y políticas públicas existe inquietud por el posible traslado de armas de alto calibre al circuito ilegal. Según Angerosa, “el primer efecto será que las organizaciones criminales, que antes debían conseguir armamento en los cuarteles, ahora podrán obtenerlo en domicilios civiles”.
Diversos observadores alertan que la medida podría dificultar la trazabilidad del armamento en un país donde, según estimaciones oficiales, circulan más de 800.000 armas sin registrar.
El Gobierno, en tanto, defendió la decisión como parte de su política de “libertades individuales y regulación transparente” en el uso de armas por parte de ciudadanos habilitados.
