El gobierno de Javier Milei presentó una denuncia por “terrorismo” contra los manifestantes detenidos durante la movilización frente al Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral. La decisión fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que sostiene que los hechos buscaron sembrar “muerte y caos”.
La confirmación fue realizada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y respaldada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien difundió el anuncio en redes sociales bajo la consigna: “El que las hace, las paga”.
La acusación oficial
Según la ministra, parte de los detenidos participaron en “actos vandálicos y de terrorismo”, en especial quienes arrojaron bombas molotov contra efectivos de infantería en medio del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
“Una bomba molotov es una bomba, es un arma que tiene toda la intención de generar no solo muerte sino caos”, sostuvo Monteoliva en declaraciones radiales, al justificar la represión policial que incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones.
De acuerdo con la información oficial, son 17 las personas identificadas hasta el momento. Sobre ellas recaería la imputación bajo figuras penales vinculadas al terrorismo, en el entendimiento de que existió una organización o financiamiento destinado a generar alarma pública.
Intento de vinculación con organizaciones
Monteoliva afirmó que la cartera que conduce investiga la existencia de “autores intelectuales y económicos” detrás de los incidentes. “Nos interesa ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento: desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que realizaron estos actos”, declaró.
El Gobierno ya había apelado a la figura de terrorismo en junio de 2024, tras los disturbios registrados durante la protesta contra la denominada Ley Bases.
Críticas por la criminalización de la protesta
La decisión oficial reavivó el debate sobre los límites entre el ejercicio del derecho a la protesta —consagrado en la Constitución Nacional— y la respuesta penal del Estado frente a hechos violentos en manifestaciones públicas.
Desde distintos sectores de la oposición y organismos de derechos humanos cuestionaron la calificación elegida por el Ejecutivo y advirtieron sobre una posible escalada en la criminalización de la protesta social.
Por su parte, Adorni sostuvo que “atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, y confirmó que la denuncia ya fue presentada ante la Justicia.
El avance judicial abrirá ahora una discusión clave sobre la tipificación de los hechos y el alcance de la figura de terrorismo en el contexto de protestas sociales.
