El borrador del proyecto de “Ley de Libertad Educativa” que el oficialismo prepara para reemplazar la Ley de Educación Nacional 26.206 encendió alarmas entre especialistas y actores del sistema educativo. La iniciativa propone una reconfiguración profunda del rol del Estado, promueve la competencia entre instituciones y habilita la educación en el hogar, al tiempo que reduce la carga horaria obligatoria en los distintos niveles.
Aunque el texto aún no fue presentado formalmente en el Congreso, su circulación —producida por una filtración que generó malestar dentro del propio oficialismo— anticipa una discusión de alto impacto político y social.
Competencia entre instituciones y mayor autonomía
El documento plantea que cada escuela, pública o privada, pueda definir su plan de estudios, su calendario académico, sus modalidades pedagógicas y los criterios de contratación docente. La propuesta incluye la conformación de consejos de padres con capacidad de intervenir en la selección y remoción de docentes y directivos.
Según analistas educativos, estas medidas empujan al sistema hacia una lógica de mercado. “Las escuelas se convierten en mercancías. La competencia favorecerá a las instituciones con más recursos y puede profundizar desigualdades”, opinó Guillermo Ruiz, investigador del Conicet.
El proyecto también declara el servicio educativo como “esencial”, lo que según Ruiz y otros especialistas implicaría una restricción al derecho de huelga docente.
El Estado, relegado a un rol subsidiario
Uno de los puntos más cuestionados es el cambio en la función del Estado en materia educativa. El borrador evita mencionar la palabra “pública” y redefine el rol estatal como “subsidiario”: en lugar de garantizar el derecho a la educación, se limitaría a asistir a las familias y facilitar la iniciativa privada.
“Contradice la Constitución, que reconoce el derecho a la educación y asigna al Estado responsabilidades indelegables”, sostuvo Ruiz. Para Roberto Abdala, director de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, “lo que aparece es una privatización encubierta acompañada de un posible desfinanciamiento”.
Reducción de horas de clase
La propuesta disminuye las horas anuales mínimas:
- Inicial: de 570 a 540 horas (-30)
- Primaria: de 760 a 720 horas (-40)
- Secundaria: de 900 a 720 horas (-180)
Especialistas advierten que la medida implica un retroceso en términos de tiempo pedagógico y que podría afectar especialmente a estudiantes de contextos vulnerables.
Educación en el hogar y modelos híbridos
El borrador habilita el homeschooling, permitiendo que las familias eduquen a sus hijos en sus domicilios, ya sea directamente o mediante docentes contratados. En la actualidad, no existe un marco legal para homologar esta modalidad en Argentina.
El fenómeno, con fuerte raíz en sectores conservadores de Estados Unidos y con experiencias recientes en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, podría abrir un nuevo frente de debate. “Es un paradigma asociado a visiones religiosas y conservadoras. Y no queda claro cómo se evaluará la calidad de los aprendizajes en el hogar”, advirtió Ruiz.
Un debate que se anticipa intenso
La filtración del borrador generó tensiones internas en La Libertad Avanza. Carolina Losada, integrante del Consejo de Mayo —el espacio encargado de estudiar la reforma— reconoció que el texto era auténtico y que su difusión complicó los tiempos del oficialismo.
Mientras tanto, universidades, sindicatos docentes y expertos del sector advierten que el proyecto no se apoya en diagnósticos integrales del sistema educativo y que podría profundizar desigualdades preexistentes.
“Los presupuestos educativos vienen bajando año a año. En lugar de fortalecer la Ley vigente, se avanza en una reforma regresiva sin justificación técnica”, señaló Abdala.
Con la nueva composición legislativa que emergió de las elecciones, el oficialismo confía en que la discusión avance en el Congreso. Pero todo indica que la reforma educativa será uno de los debates más calientes de la agenda pos electoral.
