El Gobierno nacional confirmó este martes la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que será absorbida por el Ministerio de Salud. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la decisión responde a presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento del organismo.
“Tal como está hasta hoy, dejará de existir la Agencia Nacional de Discapacidad. Será absorbida por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El funcionario aclaró que la medida “no implica el corte de pensiones”, y aseguró que las prestaciones continuarán bajo la nueva órbita administrativa.
Según explicó, el Ejecutivo resolvió avanzar con el cierre de la ANDIS tras detectar inconsistencias en la asignación de pensiones y en los procesos administrativos, en el marco de una política de reorganización del Estado y reducción de estructuras consideradas ineficientes.
El trasfondo judicial
El anuncio se produce mientras continúa avanzando una investigación judicial en Comodoro Py que involucra a exfuncionarios del organismo. La ANDIS quedó bajo la lupa tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntos pagos de coimas vinculados a la compra de medicamentos y a contrataciones con prestadores.
En ese expediente, recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía durante la gestión de Luis Caputo e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado en la causa como presunto articulador entre droguerías y el organismo estatal.
Durante un allanamiento realizado el 9 de octubre en su domicilio, la Justicia secuestró casi 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, cuyo origen no fue justificado. La investigación también incorporó conversaciones entre padre e hija que son analizadas como parte del entramado bajo sospecha.
Reorganización del área
Desde el Gobierno sostienen que la absorción de la ANDIS por el Ministerio de Salud permitirá centralizar funciones, mejorar controles y garantizar la continuidad de las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad. No obstante, la decisión se da en un contexto de tensión con organizaciones del sector, que vienen advirtiendo sobre recortes presupuestarios y demoras en el cumplimiento de la legislación vigente.
Por el momento, no se informó un cronograma detallado sobre cómo será la transición administrativa ni qué ocurrirá con el personal del organismo. La medida se enmarca en el proceso más amplio de reestructuración del Estado impulsado por el Ejecutivo.
