La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculando al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y al ex titular del organismo Diego Spagnuolo, tuvo un avance significativo con la realización de 14 allanamientos durante la madrugada ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi.
Allanamientos y secuestros
Los operativos se llevaron a cabo en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en domicilios de Spagnuolo, Daniel Garbellini (director de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS), y los directivos de la droguería Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
De los procedimientos se secuestraron documentos contables, agendas, soportes digitales y más de 200 mil dólares en sobres en poder de Emmanuel Kovalivker, interceptado en Nordelta mientras intentaba abandonar su domicilio. Sin embargo, Spagnuolo no fue localizado y no se pudo acceder a su celular, considerado clave porque según él mismo tiene “todos los WhatsApp” para probar la maniobra corrupta.
Denuncia y expectativas judiciales
El abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la causa, calificó el avance de la investigación como un “éxito” y aseguró que “está prosperando”, luego de que Comodoro Py comenzara a tomar la denuncia en serio. Dalbón remarcó que Karina Milei sería la “principal responsable” y la “principal recaudadora” del supuesto esquema de coimas.
Además, comparó la situación con la “doctrina Vialidad” que llevó a la condena de Cristina Kirchner, señalando que Javier Milei debería ser llamado a indagatoria, ya que según los audios de Spagnuolo, estaba al tanto de los hechos.
El contexto político y judicial
La «doctrina Vialidad» sostiene que una presidenta no podía desconocer lo que ocurría en las obras públicas nacionales, argumento que Dalbón considera aplicable al actual mandatario dada la confesión y evidencias sobre el cobro de coimas.
Dalbón advirtió que, aunque la Justicia en Comodoro Py a veces se maneja políticamente, es momento de que los responsables del Gobierno enfrenten una investigación judicial seria.
