La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves 26 de febrero de 2026 el sobreseimiento del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra irregular de un departamento en Miami, y ordenó que la causa vuelva a instrucción para continuar la pesquisa. La decisión del máximo tribunal judicial implicó hacer lugar a la presentación del fiscal federal Mario Villar y dejar sin efecto la sentencia que cerraba la causa en favor del dirigente político.
El fallo generó un impacto político significativo, ya que se trata de un expediente que llevaba más de una década en la Justicia y que había sido cerrado en varias instancias anteriores. La revocación del sobreseimiento supone un giro de 180° en la trayectoria judicial de Macri en este expediente, que ahora deberá enfrentar un nuevo pronunciamiento en la primera instancia.
Origen de la causa: un departamento en Miami
La investigación se remonta a la compra de un inmueble valuado en 402.963 dólares en 2011, adquirido a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC. Según la pesquisa, la operación fue financiada mediante dos préstamos —uno otorgado por el banco estadounidense BAC Florida Bank y otro por una sociedad uruguaya vinculada a su entorno— cuya procedencia y finalidad fueron objeto de cuestionamiento por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) desde su denuncia inicial.
En la causa de primera instancia, el juez federal de San Isidro había dictado el sobreseimiento de Macri y de su entonces esposa tras considerar que los préstamos contaban con respaldo documental, que la capacidad económica de los involucrados justificaba la operación y que no había indicios suficientes de actividad delictiva. Esta decisión fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de San Martín y por la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible el recurso de la fiscalía.
El argumento del fiscal y el fallo de la Corte
La fiscalía apeló esas decisiones ante la Corte Suprema, sosteniendo que el cierre de la causa había sido prematuro y que aún quedaban medidas de prueba pendientes que podrían arrojar mayores certezas sobre el origen de los fondos utilizados en la compra del inmueble. El máximo tribunal coincidió con esta postura y consideró que el fallo de sobreseimiento no constituía una “derivación razonada del derecho vigente”, al sostener que se omitieron aspectos relevantes del planteo fiscal.
La mayoría de los jueces supremos que votó a favor de la revocación estuvo integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía dejar firme el sobreseimiento, argumentando que tanto la Cámara Federal como la Casación habían validado la ausencia de indicios de ilicitud en la operación y que las pruebas presentadas eran suficientes para sostener la licitud de los fondos.
Qué implica revocar el sobreseimiento
foto MARCELO CARROLL – FTP CLARIN DSC_2639.JPG Z
La decisión de la Corte no implica una condena ni una imputación formal inmediata, pero sí ordena que el expediente continúe su curso en la primera instancia. Esto significa que la fiscalía y la defensa podrán presentar nuevas pruebas, solicitar medidas procesales y que el juez de instrucción deberá decidir sobre el avance de la investigación.
En términos jurídicos, la revocación del sobreseimiento es una medida extraordinaria que el máximo tribunal aplica cuando considera que fallos previos no respetaron los criterios de razonabilidad o no abordaron adecuadamente los planteos de las partes. En este caso, la decisión supone una revisión de lo actuado por los tribunales inferiores y la reapertura de un proceso que había sido cerrado.
Repercusiones políticas
La noticia tuvo repercusión inmediata en los ámbitos políticos nacionales. La oposición y sectores críticos al Gobierno porteño destacaron la decisión de la Corte como un señal de que el sistema de justicia está dispuesto a profundizar investigaciones complejas sobre figuras públicas. Por su parte, desde el entorno de Jorge Macri sostuvieron que la decisión del máximo tribunal “no modifica la inexistencia de delito” y que confían en que, al final del proceso, se confirme la falta de pruebas para una acusación penal.
El fallo también reaviva el debate sobre la transparencia patrimonial y la fiscalización de operaciones inmobiliarias de funcionarios públicos. En el pasado, el argumento de la defensa se apoyó en que los fondos utilizados estaban debidamente declarados ante la ex AFIP, ahora ARCA, y en el respaldo documental de los préstamos que financió la operación.
Un caso seguido por la opinión pública
La causa que involucra a Jorge Macri es una de las más largas en investigación judicial relacionadas con lavado de activos en la Argentina. Su reaparición en el escenario judicial coincide con un contexto político tenso, con debates sobre la independencia judicial, la transparencia en el manejo de fondos de funcionarios públicos y la percepción ciudadana sobre la lucha contra el lavado de dinero.
De ahora en más, el proceso seguirá en la primera instancia donde se evaluará la producción de pruebas adicionales y posibles nuevas medidas de prueba que puedan esclarecer si existió o no maniobra de lavado de activos en la operación inmobiliaria de 2011.
