El narco que financió la campaña de José Luis Espert fue trasladado a una cárcel de seguridad media en Oklahoma, donde cumple una rutina estrictamente controlada. Solo puede comunicarse con su defensa por correo electrónico y bajo vigilancia.
Lejos quedaron los días en los que se movía como financista en las sombras de la política argentina, con vínculos con José Luis Espert, empresarios y operadores ligados al macrismo y al ecosistema libertario. Hoy, ya extraditado a Estados Unidos y bajo la lupa de la Justicia argentina por los negocios que realizó en el país, Federico “Fred” Machado pasa sus días vestido con un mameluco azul, el uniforme que identifica a los internos de seguridad media en el sistema penitenciario estadounidense.
El empresario argentino acusado de narcotráfico permanece detenido en la Core Civic Cimarron Correctional Facility, una prisión privada ubicada en el estado de Oklahoma. Allí cumple una rutina rígida: ejercicios en patios comunes, horarios estrictos y medicación para poder dormir.
La correccional —como se denomina a las cárceles en Estados Unidos— se encuentra a unas cuatro horas en auto del tribunal federal que tramita su causa. Las comunicaciones están fuertemente restringidas: Machado solo puede contactarse con su defensa a través de correo electrónico, bajo monitoreo permanente. En caso de recibir visitas familiares —no está confirmado si ya se produjeron—, estas se realizan por tiempo limitado, separados por un vidrio blindado y comunicados por teléfono, al estilo de las escenas clásicas del cine carcelario norteamericano.
Cada vez que debe comparecer ante la Justicia federal o realizar trámites vinculados al expediente, Machado es trasladado más de cuatro horas hasta Dallas, donde funciona el tribunal que lo juzga. Allí se define su futuro inmediato, en una causa en la que está acusado por presunto narcotráfico, lavado de activos y estafa.
En ese marco, el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, activó la cuenta regresiva. Machado tiene 50 días para decidir si se declara culpable y alcanza un acuerdo con la Fiscalía o si reafirma su inocencia y enfrenta un juicio oral y público a partir del 2 de marzo. El plazo para cerrar un eventual entendimiento vence el 6 de febrero.
Además de su equipo legal en Estados Unidos —integrado por Christopher Clore, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, y la abogada Jamie Hoxie Solano—, Machado cuenta con un abogado en la Argentina. No se trata de Francisco Oneto, quien ya concluyó su intervención cuando se concretó la extradición. El rol del nuevo letrado es actuar como nexo entre la defensa estadounidense y la familia del detenido, que reside en Viedma.
La fijación del cronograma judicial llegó tras una presentación de la defensa que contó con el aval del Ministerio Público, una señal temprana del diálogo que se desarrolla por fuera del expediente. En ese escrito, los abogados reconocieron que se encuentran “en discusiones” con la Fiscalía para evaluar si el caso “puede resolverse” sin la presentación de numerosas mociones ni la llegada a un debate oral. Se trata de una fórmula habitual del sistema penal estadounidense cuando se explora la figura del colaborador.
El factor tiempo es clave. En abril de 2026, Machado cumplirá cinco años desde el inicio de su privación de la libertad, cuando el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por cuatro meses en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A ese período se suma la prisión domiciliaria que atravesó en Viedma antes de ser trasladado a Estados Unidos.
Con ese horizonte, su defensa apunta a un acuerdo de siete años de condena. En un escenario optimista, esto abriría la posibilidad de que la detención efectiva en suelo estadounidense no supere los 30 meses a partir de la fecha actual.
El cálculo no es meramente teórico. En la misma causa, una de las dos personas ya condenadas logró reducir su pena tras admitir cargos y retirar otros, obteniendo una salida anticipada con arresto domiciliario luego de seis años. Ese antecedente funciona como referencia para la estrategia del empresario argentino, que ahora debe optar entre convertirse en cooperador de la Justicia norteamericana o arriesgarse a una condena mucho más severa dictada por un jurado popular.
Mientras tanto, el expediente judicial convive con otros frentes abiertos. En las inmediaciones de un hangar en Dallas, Machado tiene tres aviones antiguos embargados y a la espera de remate. Uno de ellos posee un valor simbólico singular: un Douglas A-4B, modelo similar a los utilizados por la Fuerza Aérea Argentina durante la guerra de Malvinas, en ataques que dañaron buques de la flota británica. Hoy, esa aeronave forma parte del patrimonio bajo custodia judicial del empresario detenido.
El financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 sigue dando señales desde Estados Unidos. Tras conocerse sus vínculos con sectores de la política nacional, su nombre volvió al centro de la escena luego de años de relativo bajo perfil. Su destino se define entre una cárcel de Oklahoma y un tribunal federal de Texas, pero podría abrir nuevas derivaciones si decide comenzar a declarar.
Con el mameluco azul puesto y los plazos ya fijados, el reloj corre. En menos de dos meses, Fred Machado deberá tomar la decisión más determinante de su vida: colaborar con la Justicia estadounidense y negociar su salida, o sostener su inocencia hasta el final y someterse al veredicto de doce ciudadanos. En el sistema penal norteamericano, esa elección puede marcar la diferencia entre recuperar la libertad o pasar muchos años más tras las rejas.
