Más de 50 empresarios ofrecerán dinero a cambio de ser sobreseídos
Invocan el artículo 59 del Código Penal para extinguir la acción penal. La fiscalía y la UIF se oponen.
Este viernes, desde las 9.30 de la mañana, se realizará una audiencia virtual en el marco de la causa Cuadernos, en la que más de 50 empresarios buscarán evitar el juicio oral ofreciendo pagos económicos para extinguir la acción penal en su contra.
La estrategia se basa en lo previsto en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que permite cerrar una causa mediante la “reparación integral del perjuicio”. Según fuentes judiciales, los montos ofrecidos oscilan entre 150.000 y más de un millón de dólares, en línea con los embargos que pesan sobre los imputados.
Nombres de peso y argumentos diversos
Entre los empresarios que pidieron acogerse a este mecanismo figuran nombres conocidos como:
- Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri
- Enrique Pescarmona
- Aldo Roggio
Los argumentos presentados son variados:
- Algunos niegan haber cometido delitos, pero prefieren cerrar el proceso por su edad o estado de salud.
- Otros admiten haber aportado dinero, aunque aseguran que fue con fines electorales y bajo presión.
- También hay quienes afirman haber sido extorsionados por funcionarios públicos.
Incluso algunos exfuncionarios pidieron acceder al mismo beneficio, aunque la mayoría se mantiene firme en su defensa judicial.
El rol del tribunal y las críticas a Comodoro Py
La audiencia será conducida por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, este último cuestionado por haber sido designado durante el macrismo fuera del procedimiento constitucional regular.
Desde sectores judiciales y políticos se señala que la estrategia beneficiaría a los empresarios mientras se mantiene la ofensiva penal sobre exfuncionarios del kirchnerismo, incluida Cristina Fernández de Kirchner, pese a que ninguna prueba directa la vincula con el cobro de sobornos.
La fiscal Fabiana León, de postura crítica al kirchnerismo, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, designado por el gobierno de Javier Milei, ya anticiparon su rechazo a la posibilidad de “comprar” sobreseimientos.
Un expediente controvertido
La causa Cuadernos ha sido duramente cuestionada por la defensa de los acusados y por parte de la academia jurídica:
- El juez Claudio Bonadio, quien instruyó la causa junto al fiscal Carlos Stornelli, se declaró competente mediante un artilugio legal vinculado a otra causa sin relación.
- Stornelli fue denunciado por presionar a imputados para que se convirtieran en “arrepentidos” y declararan contra CFK a cambio de libertad, bajo amenazas como “no hay sortijas para todos”.
- La causa se inició con fotocopias de cuadernos supuestamente escritos por el chofer Oscar Centeno, quien luego declaró haber quemado los originales.
- Posteriormente, aparecieron cuadernos manuscritos intactos, sin explicación de cómo se recuperaron.
- Pericias caligráficas detectaron tachaduras, correcciones y fragmentos aparentemente escritos por otra persona.
Las defensas sostienen que la instrucción fue manipulada y que las declaraciones de los arrepentidos fueron obtenidas bajo presión, incluso en algunos casos retractadas luego en escribanías.
¿Qué sigue?
Aunque la audiencia de hoy no resolverá aún la situación definitiva de cada empresario, será el primer paso en una serie de audiencias donde se debatirá si corresponde aplicar el mecanismo de extinción de la acción penal mediante pago.
La definición quedará en manos del tribunal, pero si acepta los pedidos, la fiscalía y la UIF podrían apelar ante la Cámara de Casación.
Mientras tanto, los empresarios que no aceptaron el acuerdo económico y la mayoría de los exfuncionarios acusados se preparan para dar batalla judicial en el juicio oral, cuya fecha aún no está fijada.
Cristina Kirchner y la acusación
La principal acusación contra la expresidenta se basa en testimonios que indican que el exsecretario Daniel Muñoz, fallecido en 2016, recibía dinero en un departamento de la calle Uruguay. Sin embargo, el encargado del edificio declaró que Cristina nunca estuvo allí entre 2003 y 2015, y hasta ahora no se hallaron cuentas ni propiedades no declaradas a su nombre.
