El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar el fallo que restituyó a Cristina Fernández de Kirchner la asignación mensual vitalicia que percibe como cónyuge del ex presidente Néstor Kirchner.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, a través de la Anses, luego de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara restablecer el beneficio que había sido dado de baja en noviembre de 2024 mediante la resolución 1092/2024.
En un comunicado oficial, la cartera sostuvo que la sentencia “afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico”, y solicitó que el máximo tribunal revise la decisión.
La interpretación del Gobierno
El Ejecutivo fundamentó su apelación en la condena penal que pesa sobre la ex mandataria y en una interpretación del artículo 29 de la ley que regula las asignaciones vitalicias. Según el planteo oficial, la finalidad de esos beneficios resulta “incompatible” con quien haya cometido un delito en el ejercicio de la función pública por la cual accedió al cargo.
Además, el Ministerio afirmó que “es claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado”, en respuesta al argumento central del fallo de la Cámara, que había otorgado prevalencia al carácter alimentario del beneficio y advertido que su suspensión colocaba a la ex presidenta en una “situación de desprotección”.
Cuando dispuso la baja del beneficio, la Anses había equiparado la condena penal a una causal similar a la remoción del cargo, al considerar que la asignación constituye un reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño en la función pública.
La respuesta de la defensa
Desde la defensa de la ex presidenta cuestionaron esa interpretación. El abogado Facundo Fernández Pastor recordó que la norma establece como causal de exclusión la destitución mediante juicio político, no una condena penal.
Como ejemplo, mencionó el caso de Zulema Yoma, quien percibe la asignación correspondiente al ex presidente Carlos Menem, al no haber existido una destitución por juicio político. También citó el antecedente de Eduardo Moliné O’Connor, ex juez de la Corte Suprema que fue removido y, aun así, obtuvo el reconocimiento del carácter alimentario de su asignación vitalicia por parte del propio tribunal.
Según la defensa, el Gobierno confunde las asignaciones no contributivas previstas para ex presidentes y sus cónyuges con las sanciones accesorias que el Código Penal contempla en casos de inhabilitación absoluta.
Un nuevo capítulo judicial
La presentación ante la Corte Suprema abre un nuevo capítulo en la disputa judicial entre el Gobierno y la ex presidenta por el alcance de los beneficios previsionales. El máximo tribunal deberá ahora definir si admite el recurso extraordinario y, eventualmente, pronunciarse sobre la interpretación de la norma que regula las asignaciones vitalicias.
Mientras tanto, el caso suma tensión política a un escenario ya marcado por el debate parlamentario de la reforma laboral y la creciente conflictividad social.
