La detención y golpiza a un camarógrafo durante una protesta de Greenpeace frente al Congreso volvió a poner en el centro de la escena el accionar de las fuerzas de seguridad. La senadora Patricia Bullrich intentó justificar el operativo policial, aunque aseguró no estar ya a cargo del área.
El episodio ocurrió cuando un grupo de activistas realizó una intervención contra el proyecto de reforma de la ley de glaciares. Doce manifestantes fueron detenidos y trasladados por efectivos de la Policía Federal Argentina.
En ese contexto, el camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini fue empujado, golpeado y reducido por agentes mientras registraba la llegada de los detenidos. Las imágenes del hecho se transmitieron en vivo y se viralizaron en redes sociales.
La versión de Bullrich
Bullrich confirmó que el policía involucrado fue sumariado, pero intentó relativizar lo sucedido. “Ya no estoy a cargo de eso”, afirmó, en referencia a que actualmente no ocupa el Ministerio de Seguridad.
La legisladora sostuvo que el camarógrafo “intentó entrar al lugar donde estaban los detenidos” para tomar imágenes. Sin embargo, los registros televisivos muestran que Tedeschini se encontraba sobre la vereda, detrás del cordón policial, junto a otros trabajadores de prensa.
Ante la consulta de periodistas que señalaron esa contradicción, Bullrich respondió: “No he visto las imágenes pero les cuento objetivamente lo que ha sucedido”, y explicó que su versión provenía de lo informado por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto.
También indicó haber conversado con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con el jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rollé. Según detalló, se abrió un sumario porque el agente “actuó desmedidamente” y su conducta fue considerada “reprochable”.
“Yo no soy más ministra”, reiteró Bullrich, al tiempo que destacó que hubo una “actitud inmediata” por parte de las autoridades al iniciar la investigación interna.
Reacciones y cuestionamientos
La agresión fue repudiada por numerosos trabajadores de prensa y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión.
Entre las voces críticas se destacó la de la familia de Pablo Grillo, el fotógrafo que el año pasado resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante una protesta. En un comunicado, señalaron: “A Pablo lo atacaron por realizar su trabajo y no vamos a callarnos ante la repetición de esta historia”.
“Si un uniformado no es capaz de distinguir a un trabajador de prensa identificado de una amenaza, lo que hay es una decisión operativa de no distinguir”, agregaron.
El episodio reaviva el debate sobre el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas y el resguardo del trabajo periodístico en coberturas de alto conflicto. Mientras el sumario administrativo avanza, las imágenes del operativo siguen alimentando la polémica sobre los límites del uso de la fuerza y la responsabilidad política detrás de cada intervención.
