El teniente general Carlos Presti suscribió en Doral, Florida, la declaración conjunta de la Primera Conferencia Anticárteles de las Américas. El mismo Pete Hegseth que dos días antes anunció el hundimiento de una fragata iraní con 180 tripulantes recibió la firma argentina. El gobierno aclaró que las FF.AA. no operarán en seguridad interior. Por ahora.
Argentina se sumó esta semana a la coalición anticartel que impulsa Donald Trump. La firma la estampó el ministro de Defensa Carlos Presti en Doral, Florida, ante el secretario Pete Hegseth — el mismo funcionario que dos días antes anunció desde el Pentágono que un submarino estadounidense había hundido una fragata iraní con 180 tripulantes a bordo. El mismo Departamento de Defensa que Trump rebautizó «Departamento de Guerra». En ese escenario global, el gobierno argentino decidió que era buen momento para estrechar lazos.
El acuerdo se firmó en la Primera Conferencia Anticárteles de las Américas, convocada por Washington con la participación de países del Caribe, América Central y América del Sur. El objetivo declarado: construir una coalición hemisférica para combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. La Argentina de Milei fue uno de los primeros en levantar la mano.
Qué firmó Argentina y qué no
La declaración conjunta sienta las bases para coordinar acciones entre los países miembros frente a organizaciones que operan cruzando fronteras: tráfico de drogas, lavado de dinero, ciberdelito, protección de infraestructuras. El gobierno estadounidense tiene un interés concreto y doméstico en todo esto: el fentanilo, la droga sintética que en 2024 mató a más de 75.000 estadounidenses, llega principalmente a través de redes de los cárteles que operan en toda la región.
Lo que Argentina no firmó —o al menos no sin aclaración explícita— es la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad interior. La legislación nacional establece con precisión que las FF.AA. tienen un rol de defensa exterior, no de policía interna. Presti lo dejó en claro: la cooperación hemisférica sí, pero «bajo el marco constitucional vigente.» Es una salvaguarda importante en un continente donde varios países llevan años usando al ejército contra el narco con resultados cuestionables y costos en derechos humanos que los informes internacionales documentan con detalle.
El alineamiento que el gobierno cuida como un activo
La firma en Doral es un capítulo más de la estrategia de Milei de convertir la relación con Washington en uno de los pilares de su política exterior. En poco más de un año de gobierno, Argentina votó con EEUU en foros internacionales, recibió respaldo político en instancias del FMI y sumó gestos de alineamiento en cada oportunidad disponible.
El problema es que ese alineamiento se construye mientras la política exterior de Trump genera tensiones con aliados históricos: España acaba de ser amenazada con un corte comercial por negarse a ceder bases militares para bombardear Irán. Brasil no participó de la conferencia. México tampoco.
La coalición anticárteles tiene un propósito legítimo que nadie discute en serio. La pregunta que el gobierno argentino no responde en voz alta es cuánto cuesta ese alineamiento en términos de autonomía y cuándo el «marco constitucional vigente» va a alcanzar para poner límites si Washington pide más.
