Recategorización de oficio a monotributistas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) envió en los últimos días centenares de miles de correos electrónicos recategorizando de oficio a monotributistas en todo el país. En algunos casos, contribuyentes que abonaban alrededor de 40.000 pesos mensuales podrían pasar a pagar hasta 570.000 pesos.
La medida, aplicada sin aviso previo, toma como parámetro todos los ingresos y consumos registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales. El universo alcanzado es de 4.880.000 contribuyentes, de los cuales el 85% se concentra en las categorías más bajas del régimen simplificado.
El criterio bajo cuestionamiento
Especialistas y asociaciones de contribuyentes cuestionan el mecanismo adoptado por el organismo recaudador. Según advierten, ARCA estaría redefiniendo la categoría en función de depósitos y gastos sin discriminar el origen de esos movimientos ni determinar si implican efectivamente un aumento en los ingresos gravados.
Javier Peralta, consejero de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, explicó que “ARCA se toma la atribución de recategorizar en función de los depósitos en cuentas y los consumos realizados. El problema es que en ninguno de los dos casos eso implica necesariamente un aumento en los ingresos”.
Entre los ejemplos citados figuran préstamos familiares, ventas de bienes personales —como un automóvil— o transferencias recibidas como regalo. Esos movimientos pueden impactar en el sistema financiero sin representar una mejora en la facturación del contribuyente.
También ocurre a la inversa: la compra de un bien con ahorros acumulados puede elevar el nivel de gasto registrado, aunque no exista un incremento en la actividad económica.
Peralta advirtió además que la recategorización se realiza antes de las presentaciones de Ganancias o Bienes Personales, instancias en las que esos movimientos pueden quedar debidamente justificados. A su entender, el organismo invierte la carga de la prueba: presume un incremento patrimonial y otorga apenas 15 días para apelar.
Impacto y plazos acotados
El plazo para presentar descargo es de 15 días y comienza a correr incluso si el contribuyente no abrió el correo electrónico de notificación. Si no se responde en tiempo y forma, el cambio de categoría se aplica automáticamente.
Para pequeños contribuyentes sin asesoramiento contable permanente, el margen resulta exiguo frente a una decisión que puede multiplicar por más de diez el monto mensual a pagar.
Noelia Villafañe, representante de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), describió situaciones particulares. “Hay casos donde familiares transfieren dinero para un regalo y la persona termina perjudicada porque ARCA presume que ese ingreso proviene de su actividad económica”, señaló.
En el caso de los monotributistas sociales, el impacto puede ser mayor: si son excluidos del régimen simplificado y pasan al régimen general, pierden la cobertura de obra social y deben reinscribirse en otro esquema, en un contexto de creciente dificultad para acceder a servicios de salud.
Debate político y fiscal
La controversia se da en un contexto en el que el Gobierno sostiene que existe una amplia subdeclaración en el régimen simplificado. Sin embargo, el dato de que el 85% de los inscriptos se ubica en las categorías más bajas sugiere que la mayoría son trabajadores independientes, profesionales y pequeños emprendedores con ingresos limitados.
El economista Cristian Buteler advirtió que mientras se endurece el control sobre pequeños contribuyentes, existen operaciones de mayor volumen que no reciben el mismo nivel de fiscalización. La crítica apunta a una supuesta asimetría en la aplicación de controles.
En paralelo, diputados de la oposición presentaron un proyecto para suspender por 180 días las recategorizaciones de oficio. Argumentan que, en un contexto de inflación elevada y caída del consumo, los parámetros nominales de ingresos o gastos pueden no reflejar la verdadera capacidad contributiva.
La iniciativa propone frenar las recategorizaciones automáticas para evitar que un salto abrupto de categoría derive en informalidad por imposibilidad de pago.
Incertidumbre en el régimen simplificado
Mientras el debate escala en el plano técnico y político, miles de monotributistas enfrentan la incertidumbre de no saber cuánto deberán abonar el próximo mes ni bajo qué criterios fueron reencuadrados.
La discusión de fondo gira en torno a la presunción fiscal: si el Estado puede considerar todo movimiento financiero como ingreso gravado o si, por el contrario, debe demostrar de manera fehaciente la existencia de una mejora real en la facturación antes de modificar la categoría de un contribuyente.
