Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
La demora en actualizar el IPC provocará un recálculo futuro del PBI —que será menor— y de la pobreza —que resultará mayor—. Impacto inmediato en todos los ingresos que se ajustan por inflación.
La decisión de demorar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en base a una Encuesta de Gastos de los Hogares más reciente que la actualmente vigente —que data de 2004— tendrá consecuencias económicas y sociales de amplio alcance. No solo afecta de manera directa los ingresos reales de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales como la AUH, sino que además distorsiona el cálculo de variables clave como el Producto Bruto Interno (PBI) y los niveles de pobreza, que en el futuro deberán ser recalculados con resultados sensiblemente peores a los hoy informados.
Así lo advierten distintos especialistas en estadística y economía, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones surgidas de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18 “están disponibles desde hace años y ya se aplican, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, a nivel nacional su implementación fue deliberadamente postergada.
“La razón es política y económica”, señaló Barrios. “El Gobierno decidió avanzar en una recomposición de precios relativos con fuertes aumentos en los servicios regulados —producto de la quita de subsidios— y frenó la aplicación del nuevo IPC hasta que ese proceso concluya. Rubros como tarifas, transporte, telefonía o prepagas tienen hoy un peso mucho mayor en la canasta real que en la de hace veinte años”.
En consecuencia, el índice que se seguirá utilizando —según admitió el propio ministro Luis Caputo, “hasta que se complete el proceso de desinflación”— arroja una inflación menor a la que resultaría de aplicar la estructura de consumo actualizada.
“Esto provocará, más temprano que tarde, un recálculo de las series históricas, como ya ocurrió en otras ocasiones”, advirtió Barrios, “pero con el agravante de que ahora las autoridades son plenamente conscientes de que están subestimando la inflación al demorar el cambio de fórmula”.
PBI más bajo y pobreza más alta
Uno de los efectos más relevantes se verá en el cálculo del PBI real. Al deflactar la actividad económica con un índice de inflación artificialmente más bajo, el crecimiento informado resulta mayor al real. Cuando se aplique el índice correcto, el PBI de los últimos años será revisado a la baja: expansiones más moderadas, caídas más profundas y, en algunos casos, supuestos crecimientos que pasarán a ser retrocesos.
El impacto inverso se producirá en los índices de pobreza. Al recalcularse los ingresos reales con una inflación más alta y actualizarse las canastas de consumo, los niveles de pobreza resultarán significativamente superiores a los actualmente publicados.
Perjuicios inmediatos y conflictos futuros
Más allá de las correcciones futuras, el “manoseo” del IPC tiene efectos inmediatos. Jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones sociales se ajustan mensualmente por inflación: una subestimación del índice implica una pérdida directa del poder adquisitivo de millones de personas. Lo mismo ocurre con los salarios, en la medida en que las paritarias se negocian tomando como referencia un IPC que luego se demostrará inferior al real.
También se abren potenciales controversias legales y financieras. Bonos ajustados por CER y títulos con cláusula UVA —ambos ligados al IPC— podrían ser objeto de reclamos por parte de los tenedores, ante la evidencia de un índice deliberadamente retrasado.
“Un índice de fantasía”
Las críticas más duras llegaron desde sectores políticos y sindicales. El ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano fue categórico: “La decisión de imponer un índice de fantasía abre las puertas del infierno”. Y agregó: “De manera desembozada e impune, el Gobierno decreta que decidirá qué debe decir la estadística pública sobre inflación”.
Para Lozano, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la explicitación de una deriva previa: “Hace rato que deberían haberse incorporado las encuestas de gastos de 2016/17 y 2017/18. La demora no tiene ninguna justificación estadística”.
El ex legislador también apuntó a inconsistencias crecientes en otros indicadores del organismo: ingresos de trabajadores no registrados, mediciones de pobreza e incluso la evolución salarial a partir de la EPH. “La salida de funcionarios clave de áreas como precios, condiciones de vida y la propia Encuesta Permanente de Hogares ya daba cuenta de las tensiones internas frente a los intentos de manipulación política”, concluyó.
